La Audiencia Nacional dictó ayer la primera condena por terrorismo contra Resistencia Galega. La sentencia fija penas de entre 10 y 18 años de cárcel para los cuatro primeros activistas juzgados de este grupo radical independentista. La mayor condena ha recaído sobre Eduardo Vigo Domínguez y Roberto Rodríguez Fiallega, de 18 años de prisión cada uno, por los delitos de participación en organización terrorista (8 años), falsificación de documento oficial con fines terroristas (2) y tenencia de explosivos con fines terroristas (8). Para Antón Santos Pérez y María Osorio López la pena es de 10 años cada uno, ocho cada uno por participación en organización terrorista y otros dos por falsificación en documento oficial con fines terroristas.

El 30 de noviembre de 2011, según se relata en la sentencia, Roberto Rodríguez entregó a primera hora de la mañana en Vigo a Eduardo Vigo tres termos metálicos cargados con seis kilogramos de explosivo. Los artefactos contaban con sistemas temporizados de ignición "en perfectas condiciones para lograr su explosión", con la que hubieran provocado, continúa la sentencia, desperfectos materiales "y puesto en peligro la vida e integridad de las personas". Los agentes, en todo caso, ignoran cuál iba a ser el destino de las bombas. Eduardo Vigo cargó lo termos en su coche y fue interceptado esa misma mañana en el peaje de Teo de la AP-9 por la Policía.

Esa misma tarde, los agentes registraron el domicilio y el trastero de Roberto Rodríguez en Vigo, en los que se encontraron documentación relacionado con la violencia independentista y DNI y carnés de conducir falsos de los cuatro actividades juzgados. Pero el hallazgo más relevante fue el de un olla a presión, metida en una mochila, cargada con 3,2 kilogramos de explosivo y sistema temporizador. Era más potente que las incautadas en el coche y podía acabar con la vida de un persona situada en un radio de diez metros. En la madrugada del día siguiente se registró el domicilio de Eduardo Vigo, en el que se hallaron, además de documentos sobre la violencia independentista, medidas de seguridad para evitar las investigaciones y los controles policiales.

El 3 de diciembre, los agentes detuvieron a María Osorio y Antón Santos y registraron también el piso que compartían en Lugo. En el domicilio, la Policía encontró un manual para encriptar ficheros informáticos y otro de la CIA sobre técnicas de interrogatorio, así como documentación con posibles objetivos de acciones terroristas, un maletín con efectos destinados a sabotear cajeros automáticos y una memoria de ordenador con 11 fotografías de diversas acciones violentas reivindicadas por el entorno independentista gallego.

Las pruebas realizadas por los peritos confirmaron que el material explosivo de los cuatros artefactos incautados es similar al utilizado en otros atentados atribuidos a Resistencia Galega.