La sentencia sin culpables del caso Prestige causó sorpresa e indignación. Y no solo en la calle, en los palacios de Justicia también. Al no haber condenados, no hay responsabilidad civil y, por tanto, no hay derecho a indemnizaciones. Ni para la Administración ni para los particulares. El fallo no logra determinar la causa del accidente del viejo petrolero ni qué opción hubiera sido mejor para un barco con más de 77.000 toneladas de fuel a bordo. Son en resumen las conclusiones de la sentencia dictada el pasado mes de noviembre por la Audiencia Provincial de A Coruña. El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, no se queda al margen de los peros manifestados desde el ámbito judicial y advierte de que el tribunal que juzgó la mayor catástrofe medioambiental en aguas de Europa se equivocó al valorar la prueba, un argumento que sustenta el recurso de casación que la Fiscalía presentará ante el Tribunal Supremo.

Durante su comparecencia en el Parlamento gallego para presentar la memoria fiscal de 2012, Varela reconoció el "insatisfactorio resultado de la acción penal" y aseguró que hay "suficientes argumentos" que -concluyó- "permiten acreditar la equivocación del tribunal en la apreciación de la prueba documental". Aunque admite las dificultades técnicas que supone la presentación de un recurso de casación, Varela mantiene una "espera optimista" del fallo definitivo ya que la sentencia de la Audiencia de A Coruña no alude al "relato de hechos probados" sino que contiene "juicios de valor" que pueden ser revisados por el Tribunal Supremo. No obstante, aprovechó para cuestionar la "regulación incompleta y defectuosa" en el ordenamiento jurídico" en lo que a delitos medioambientales se refiere.

Y por ello, urgió la regulación de la llamada acción civil pública, lo que permitiría revertir la carga de prueba beneficiando así a las víctimas de catástrofes como la del Prestige ya que la acusación no tendría que probar la culpa del presento autor del vertido, sino que les bastaría con "acreditar la actividad peligrosa del causante del daño" como lo es, según detalló el fiscal superior, "el transporte de hidrocarburos".

Junto a la "regulación incompleta" de la que advirtió en materia medioambiental, Varela apreció una "laguna" en el ordenamiento jurídico en materia de incendios forestales, que calificó en Galicia de "flagelo anual". Y ahí englobó los incendios de periferia, que -alertó el fiscal superior- pueden quedar impunes si no se cometen en terrenos propios, si no hay riesgo de propagación o si el daño no supera los 400 euros. Para Varela, "la solución del problema" de los incendios forestales en Galicia "difícilmente pasa por la aplicación exclusiva del Código Penal". Entre otras propuestas, señaló la creación de la figura del alto comisionado autonómico, que tendría como misión coordinar las fuerzas de seguridad y las brigadas forestales, a través de una dirección y coordinación "cohesionada, eficaz e integrada".

Por otro lado, el fiscal superior de Galicia defendió la necesidad de reformar la planta judicial porque "hay que adaptarla a las dinámicas del siglo XXI", pero advirtió de que la concentración de juzgados tan solo en las capitales de provincia tendría "consecuencias desastrosas". Y se daría la circunstancia de que Ferrol, Santiago y Vigo, esta última la ciudad más poblada de Galicia, perderían la consideración de central en el ámbito judicial, y añadió que, además, "no están los tiempos" como para no aprovechar las infraestructuras que ya existen.

Tras su intervención, las portavoces parlamentarias -Paula Prado (PP), Beatriz Sestayo (PSdeG), Yolanda Díaz (AGE) y Tereixa Paz (BNG)- agradecieron la labor del fiscal superior y el detalle de su comparecencia.