Técnicos de la Xunta peinan desde hace seis años Galicia para poner coto a la disciplina municipal del vai facendo. Entre enero y junio de este año, la Consellería de Medio Ambiente abrió unos 180 expedientes de reposición por construcciones pese a carecer de licencia, 154 de ellos ya están resueltos. O lo que es lo mismo, la Xunta paraliza cada mes una media de 25 obras ilegales en suelo rústico.
Las provincias de A Coruña y Pontevedra concentran casi ocho de cada diez construcciones paralizadas -un total de 58 en el caso de A Coruña y 60 en Pontevedra-. En Lugo los expedientes de resposición de legalidad resueltos en el primer semestre del año fueron 23 y los 13 restantes corresponden a la provincia de Ourense.
La Lei do Solo del año 2002 exige que cualquier obra reciba el visto bueno previo por parte de la Administración autonómica, una medida que la Xunta justificó en su momento para introducir más garantías en el urbanismo gallego y homogeneizar los criterios en todos los municipios. En la práctica, la ley resultó demasiado restrictiva por lo que el Ejecutivo de Feijóo decidió en 2009 impulsar una reforma para dar a los ayuntamientos más margen de maniobra a la hora de decidir qué se puede o no hacer dentro de su término municipal.
Esta reforma dio vía libre a los concellos para aprobar obras menores como naves o establos sin necesidad de autorización autonómica previa. Y a la hora de conceder licencias en suelo rústico para obras mayores, que requieren proyecto técnico completo, solo cuenta el plazo municipal de tres meses, eliminándose el permiso del Gobierno autonómico, que suponía otros tres meses.
En su día, esta modificación fue cuestionada por los fiscales gallegos, que en declaraciones a este periódico advirtieron del peligro que supone dar más responsabilidad a los concellos en la planificación urbanística tanto por su falta de recursos como por la proximidad con los protagonistas de las infracciones.
