Antes y durante la tramitación de la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) la flota española y gallega insistió, sin éxito, en modificar el cuestionado criterio de reparto de cuotas que deja a España con menos posibilidades de pesca de las que admitiría la realidad de su sector extractivo. Una situación que se tradujo en la reducción de la flota de Gran Sol en un 66% desde la entrada de España en la UE, al pasar de 300 unidades en 1986 al centenar actual.
Los armadores reclamaron como solución la implantación de un sistema de cuotas individuales transferibles a nivel comunitario, de forma que las empresas de cualquier estado miembro pudiesen intercambiar sus cuotas con otras empresas o bien alquilarlas bajo una base anual. También se realizó una petición unánime del sector pesquero español de actualizar el modelo, tal como en su día se pronunció la Eurocámara. Ninguna de estas propuestas entró en la PPC.
