El Parlamento de Galicia instará a la Xunta a garantizar una correcta implementación de los programas operativos en la Comunidad autónoma de forma que la política de cohesión tenga "una mayor eficiencia en la ejecución de los fondos europeos a favor del empleo y del crecimiento", tras ser aprobada a propuesta del PPdeG durante la Comisión de Asuntos Europeos.
La iniciativa ha sido defendida por la diputada popular Carmen Pardo, quien ha considerado que, tras unos años "centrados en la austeridad", el Parlamento Europeo y la Comisión "deben ahora enfocar sus políticas hacia un crecimiento sostenible de las economías, sin perder de vista los compromisos adquiridos de control del déficit público".
En este nuevo periodo, según ha indicado, la política de cohesión "seguirá siendo la principal fuente de financiación" de muchas regiones europeas y ha recordado que Galicia "podrá seguir disfrutado de una cantidad importante de fondos de transición gracias al intenso labor de la Xunta durante las difíciles negociaciones llevadas a cabo en Bruselas".
Por ello, ha explicado que, una vez firmado el contratado de asociación y colaboración entre España y la Comisión Europea, en cumplimiento de los objetivos de la Estrategia 2020, se aprobarán estos distintos programas operativos para ejecutar los distintos proyectos, unos programas sobre los que la Xunta debe "garantizar una correcta implementación" para lograr una "mayor eficiencia" en la ejecución de los fondos a favor del empleo y del crecimiento".
Críticas de la oposición
Al respecto, el diputado de AGE ha cuestionado los motivos por los que el PPdeG presenta esta iniciativa al considerar que "se está dando a entender" que la implementación de estos programas en la Comunidad gallega hasta el momento "no se hizo de forma correcta".
"Nosotros así lo creemos, por eso propusimos en otra ocasión instar a la Xunta a realizar una auditoria de las inversiones realizadas con cargo a fondos europeos", ha recordado Xabier Ron, quien ha presentado una enmienda, rechazada por el PP, para incluir esta auditoria en la PNL finalmente aprobada.
Por su parte, el diputado del PSdeG, Abel Losada, ha acusado a Carmen Pardo de traer al Parlamento una "realidad maquillada" sobre la implementación de los fondos europeos en Galicia que, según ha defendido, "tiene muchísimo que corregir".
Condicionalidad macroeconómica
Otra de las cuestiones debatidas este martes en la Comisión ha sido el rechazo de la condicionalidad macroeconómica de estos Fondos de Cohesión de la Unión Europa que, según ha explicado Xabier Ron, "permitirá congelar las ayudas" a las que los Estados miembros tienen derecho "en caso de no cumplir los mandamientos que predica el déficit".
"Galicia podría perder hasta 2.771 millones de euros con las muy graves consecuencias que de ello se derivaría para la provisión de bienes y servicios públicos para nuestra ciudadanía", ha advertido el parlamentario de Alternativa durante la defensa de su proposición no de ley que, finalmente, no fue aprobada con los votos en contra del PPdeG después de que AGE rechazase una enmienda del Grupo Popular.
En esta enmienda, el PPdeG se mostraba partidario de que la Administración General del Estado promueva ante la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeo, que la evaluación del cumplimiento de los objetivos de déficit se haga a nivel regional y no estatal, en línea con lo aprobado por el Comité de las Regiones y de la propuesta realizada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Así, Carmen Pardo ha criticado que AGE "proponga que la Xunta rechace los acuerdos de condicionalidad macroeconómica" acordados por la Comisión Europea ya que "ello nunca sería posible llevarlo a cabo".
"Además de rechazar contundentemente la condicionalidad macroeconómica, hay que reconocer que con las salvaguardas conseguidas por el Parlamento europeo, no resulta probable una suspensión por este motivo", ha señalado.
Información sobre la procedencia de productos
Por otra parte, en la comisión también ha se ha debatido una propuesta del Bloque Nacionalista Galego --apoyada por AGE y PSdeG-- para conseguir que en la información alimentaria al consumidor figure de forma obligatoria el país de origen o el lugar de procedencia de los productos de la pesca y de la acuicultura, como "pide el Consello Regulador do Mexillón".
Esta posibilidad ha sido rechazada por los votos de los diputados del Grupo Popular, que ha defendido que de aprobarse esta cuestión "se correría el riesgo de perjudicar a otros sectores" como el de las conservas.
