El Consello de la Xunta aprobó ayer, para su remisión al Parlamento, el proyecto de ley de Garantía de Calidad de los Servicios Públicos que, entre otras cuestiones, permitirá penalizar a empresas concesionarias de la Xunta que no cumplan con los estándares de calidad fijados en los pliegos de contratación. Este "incumplimiento" dificultará su acceso a posteriores contratos.
Al término de la reunión semanal, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, concretó que esta norma se aplicará a los contratos financiados con fondos públicos, al igual que a los servicios prestados por empleados públicos que dependen directamente de la Administración autonómica. Así, se garantizará que los pliegos introduzcan los mecanismos necesarios para medir la calidad del servicio y que las retribuciones vayan vinculadas a ese nivel; intentando que el sistema habitual de contratación en la Xunta sea el de "pago por objetivos" y no una retribución constante "independiente" de la calidad prestada.
Los contratistas quedarán "obligados" a proporcionar a sus empleados un trabajo "de calidad y estable", protegiéndolos frente a los accidentes y riesgos laborales, y promoviendo condiciones de conciliación familiar y laboral, y de igualdad de género.
La norma otorga "un papel activo al ciudadano" y "eleva a rango de ley" el derecho a "presentar sugerencias o quejas". También quedará "garantizado" que los gallegos que formulen este tipo de cuestiones críticas con la calidad de algún servicio sean informados "sobre su resolución".
La ley define unos estándares mínimos de calidad en los servicios públicos que deben cumplir y también establece el derecho de los ciudadanos a recibir indemnizaciones si no se cumplen los parámetros de calidad señalados.
