El Catastro hará aflorar más de 47.000 bienes que eluden el IBI en 54 concellos de A Coruña

A los 37 ayuntamientos de la provincia inspeccionados el año pasado, Hacienda incorpora 17 más - La bolsa de fraude en rehabilitaciones y ampliaciones sin declarar ronda el 10% de los inmuebles

17.08.2015 | 10:38

Inspectores de Hacienda peinan Galicia para hacer aflorar construcciones de nueva planta, reformas o cambios de uso que no hayan sido declarados. El cierre de un balcón para ganar unos metros al salón, el techado de la terraza para habilitarlo como ático, obras en el jardín para hacer un garaje o la construcción de una piscina o un galpón en la finca... Quienes hayan cometido alguna de estas obras están en el punto de mira de la Dirección General del Catastro, que recurre a planos, cámaras fotográficas e imágenes aéreas para destapar viviendas y reformas no declaradas y que por tanto eluden el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Solo en la provincia de A Coruña, son un total de 54 los ayuntamientos objeto de este plan de regularización iniciado en el año 2013. La previsión del Gobierno es hacer aflorar un 10% en valores catastrales e inmuebles. Según esta estimación, la bolsa de fraude en los concellos coruñeses sometidos hasta la fecha al proceso de regularización superará los 47.000 bienes. Los propietarios afectados tendrán que pagar el IBI de los últimos cuatro años y una tasa de 60 euros.

Miles de gallegos ya se vieron sorprendidos el año pasado al recibir una notificación del Catastro informándoles de las obras no declaradas o de las irregularidades urbanísticas en sus viviendas. La mayoría de las obras menores cometidas supone ganar metros de espacio construido, pero el registro catastral, por pequeña que sea, repercute en el valor de la misma y por tanto incrementa el recibo del IBI.

Por cada regularización, el Ministerio de Hacienda cobra una tasa de 60 euros, pero lo principal es que los ayuntamientos podrán reclamar a los propietarios el correspondiente IBI de los últimos cuatro años junto con el recargo por esa superficie u obra nueva que antes no figuraba en la base de datos del Catastro.

Con esta recaudación se potenciarán de nuevo este año los ingresos de los ayuntamientos a través del IBI, que de media suponen casi el 45% de los ingresos ordinarios. Además, el cambio catastral también puede afectar al IRPF por las viviendas no habituales; por las que se tributa entre el 1% y el 2,1%.

La Dirección General del Catastro es la que decide qué municipios y en qué fecha se van incorporando al plan especial de regularización. Pero ninguno se escapará porque la intención de Hacienda es revisar los casi 7.600 municipios españoles, salvo los de País Vasco y Navarra, antes de 2017.

A los 37 concellos coruñeses sometidos al rastreo en los dos últimos años, Hacienda incorporó este año 17 más: As Somozas, Betanzos, Boimorto, Brión, Cedeira, Cerceda, Cerdido, Coirós, Ferrol, Mesía, Muros, Noia, Oroso, Oza-Cesuras, Santa Comba, Sobrado y Vilasantar. La labor de inspección en estos concellos, iniciada este verano, se prolongará hasta el próximo año; en algunos hasta julio y en otros hasta finales de noviembre.

Del más de medio centenar de concellos de la provincia de A Coruña objeto de revisión por los inspectores de Hacienda, en ocho ya ha concluido el plan antifraude: A Laracha, Boqueixón, Cabana de Bergantiños, Culleredo, Fene, Mugardos, Sada y Valdoviño. Junto con los ya finalizados en la provincia y los 17 donde los inspectores comenzaron el rastreo este año, la labor de control iniciada en 2014 en otros 29 concellos coruñeses continuará hasta finales de año. Se trata de A Baña, A Pobra do Caramiñal, Ames, Ares, Bergondo, Cabanas, Cariño, Carnota, Carral, Corcubión, Coristanco, Dumbría, Frades, Irixoa, Laxe, Malpica, Mañón, Melide, Neda, Ortigueira, Outes, Paderne, Ponteceso, As Pontes, Ribeira, Teo, Tordoia, Vedra y Vimianzo.

La lista de ayuntamientos no se elige al azar. Hacienda prioriza las inspecciones por la "rentabilidad esperada del procedimiento", según recoge la revista del Catastro sobre el plan especial de regularización. Es decir, se buscó de manera intencionada en primer término los municipios donde se considera que hay más inmuebles y reformas sin declarar para que, tras el proceso, puedan aportar a los concellos una mayor recaudación por el IBI.

Por el momento, todavía no hay un previsión económica del impacto recaudatorio que tendrá esta regularización catastral inmobiliaria en el conjunto de las arcas municipales. De media por regularización, según detalla la revista de la Dirección General del Catastro, los ayuntamientos podrán ingresar entre 420 y 600 euros. Finalmente la cantidad a pagar dependerá del tipo de inmueble, ya que no es lo mismo incorporar al recibo del IBI el valor catastral de una vivienda que el de un trastero.

Lo que sí tiene precio único son los 60 euros que Hacienda cobrará al titular de cada inmueble por su regularización para cubrir los gastos de los servicios realizados; desde la captura de fotos aéreas hasta comprobaciones sobre el terreno. El pago esta tasa por dar de alta las modificaciones evita a los propietarios una multa que podría alcanzar los 6.000 euros en las visitas que hace el Catastro de forma esporádica.

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