El PSOE coruñés avisa de problemas de pagos en 39 concellos por la reforma local

Sacristán alerta de que la creación de la plaza de tesorero en los municipios de menos de 5.000 vecinos retrasará el cobro de las nóminas y el plazo de pago a proveedores

18.09.2015 | 01:01
Julio Sacristán.

Galicia cuenta con 200 ayuntamientos de 5.000 habitantes -el 64% del total- que a partir del próximo enero tendrán que tener el puesto de tesorero ocupado por un funcionario con habilitación nacional -secretario o interventor- para reforzar su autonomía, según se recoge en la última modificación del Ministerio de Hacienda en la reforma local. Mientras que los concellos entre 5.000 y 20.000 habitantes sí que cuentan con esta plaza, en los más pequeños tendrán que crearla porque los pagos los asumía hasta ahora un concejal y la recaudación se delegaba en las diputaciones. El cambio en la norma supone un coste adicional para la creación de la nueva plaza y, por tanto, un gasto más que se suma al ahogo financiero que viven los ayuntamientos gallegos. El secretario provincial del PSOE coruñés, Julio Sacristán, denunció ayer que en el caso de A Coruña son 39 pequeños concellos de la provincia los que podrían sufrir las consecuencias de esta modificación legal en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Sacristán alerta de que esta medida puede ocasionar retrasos en el cobro de las nóminas de los funcionarios del consistorio y también provocar que en algunos casos se exceda el plazo legal establecido por el Ministerio de Hacienda para que los concellos paguen las facturas con sus proveedores.

El también alcalde de Culleredo advierte de que la atribución de la competencia de tesorería a secretarios e interventores traerá dificultades más allá de incrementar el ahogo financiero. "Algunos funcionarios se están negando a asumir las nuevas funciones, que pueden intervenir en las suyas, sin recibir instrucciones ni directrices ni por parte del Gobierno central ni la Xunta" denunció Sacristán, quien critica además que Hacienda haya tomado esta decisión de forma "unilateral". Apunta que el ministerio dirigido por Cristóbal Montoro no consultó el cambio ni a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ni a los colegios profesionales y tampoco pidió el informe al Tribunal de Cuentas "sobre la idoneidad de esta modificación y la compatibilidad de las funciones".

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