La delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch; el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán; el exvicepresidente, José Manuel Figueroa; los concejales vigueses Ángel Rivas y David Regades o el exregidor de Nigrán Alberto Valverde forman parte del nuevo grupo de políticos que la Fiscalía de Vigo solicita que sean imputados en la Operación Patos que investiga la presunta corrupción en adjudicaciones de obras públicas con epicentro en la empresas Eiriña SL y Cespa, filial de Ferrovial, y en algunos casos también se les considera receptores de regalos. El ministerio público, en su informe a la magistrada de Instrucción 7, de Vigo, Carmen García Campos, incluye también en el listado de nuevos implicados al alcalde de Vigo, Abel Caballero y a la edil Rosaura Abelairas, en ambos casos por figurar en la lista de regalos navideños de Eiriña.
El regidor vigués aparece como supuesto receptor de un reloj de la marca Montblanc valorado en 1.750 euros en el año 2010 y una pluma de la misma marca, en 2009, que costaba 1.500 euros. En el informe policial unido a los autos consta sin embargo que sobre la pluma hay un "factura rectificativa", es decir, de devolución. Abel Caballero se mostró ayer contundente y aseguró de forma categórica que no recibió "ningún regalo de esta empresa".
El informe solicitado a la Fiscalía por la juez, tras levantar el secreto que pesaba sobre la operación Patos por delitos de presunto tráfico de influencias, es demoledor. El fiscal de Delitos Económicos de Vigo, Juan Carlos Horro, pide a la magistrada que de los cinco imputados actuales se pase a 54 e implica a otros ocho políticos de distintos partidos, 19 empresarios, 18 técnicos y funcionarios, la presidenta de una asociación vecinal y tres contratados. El ministerio público considera que el juzgado vigués es competente en el caso de las supuestas irregularidades investigadas en la Delegación de la Xunta en Vigo, la Autoridad Portuaria, el Concello de Vigo y la Diputación de Pontevedra y pide que se abran piezas separadas en otras demarcaciones judiciales para el resto de instituciones.
El fiscal propone a la juez que en la pieza principal se cite a declarar otra vez a los empresarios imputados en febrero de 2014, Enrique Alonso Pais y Jaime Alvariñas, de Eiriña SL, y Juan Ramón Alonso, de Cespa; y que los nuevos imputados -si la magistrada accede a su propuesta- presten declaración por "bloques" .
En lo que respecta a la Delegación de la Xunta en Vigo la Fiscalía implica a la delegada, María José Bravo Bosch, en presuntas irregularidades en la concesión de un curso de formación a la empresa Aulatel FyC SL (familiares de Enrique Alonso), la recolocación del funcionario Alfonso Fernández Comesaña (a quien el fiscal pide que se impute también); contratos de obra del Meixoeiro, Vilagarcía y Panxón; en las obras que menciona el informe policial en el Consorcio do Casco Vello y en una "hipotética" mediación a favor de Eiriña en contratos de la Diputación Provincial. Tal como la propia Bravo Bosch adelantó al conocer el contenido del informe policial no se incluye ninguna adjudicación suya a la empresa.
Juan Carlos Horro pide que se impute también al jefe de gabinete de Bravo Bosch; a tres técnicos que habrían informado sobre las adjudicaciones cuestionadas y a cinco empresarios por la presunta adjudicación irregular de obras ya que habrían aportado presupuestos de "acompañamiento" .
Los informes de acompañamiento para el presunto amaño de obras sería algo habitual en la forma de actuar de Eiriña SL a tenor de las diligencias judicial. Y es que los informes policiales de la Unidad de Delitos Económicos, Udef, atribuyen a Eiriña connivencia con miembros de las mesas de contratación y pactos con otras empresas para obtener adjudicaciones no solo de la Xunta, sino también de la Diputación y de varios concellos, así como la mediación en otras ocasiones con Cespa.
En el caso de la Diputación Provincial de Pontevedra, la Fiscalía solicita que se impute con Louzán y Figueroa a dos técnicos, al jefe de gabinete del entonces presidente de la institución, y, además, a cinco empresarios por la aportación de "presupuestos de acompañamiento, así como a la presidenta de la Asociación de veciños de Pedra Moura, por presuntas irregularidades en la petición de una subvención y los documentos aportados para conseguir financiación para la reforma del centro social que aprobó la Diputación.
Las irregularidades afectan a los campos de fútbol de Moraña, Cangas y Coruxo (2,3 millones de eueros); el acondicionamiento de las áreas deportivas de Chans, Bembrive y el adro de la capilla de Bembrive y las obras del saneamiento de Nigrán (154.000 euros). El informe de la Udef consideraba "acreditadas las influencias" de Eiriña "sobre funcionarios y el entonces presidente para conseguir las obras". Incluso el dueño de la empresa presumía de "ponerle las pilas a Louzán".
En el caso del Concello de Vigo el ministerio público propone a la magistrada de Instrucción 7 que impute a los ediles Rivas y Regades, en el primer caso por varias adjudicaciones si bien la principal irregularidad detectada correspondería a la ampliación a Cespa del contrato municipal de mantenimiento de jardines y la concesión de obras a terceras empresas por influencia de Enrique Alonso; también se le relaciona con presunto "enchufismo" en la contratación de empleados de la concesionaria, así como el pago a cargo de esta de publicidad institucional o actuaciones musicales. La Fiscalía solicita que se impute también a dos técnicos del concello en relación a las valoraciones técnicas dadas a Eiriña S.L frente a otras ofertas.
En la Autoridad Portuaria el fiscal pide que se impute al jefe de la División de Proyectos y a tres empresarios por supuestas irregularidades en el contrato de ampliación del puesto de control del escáner de contenedores.
El ministerio público propone a la juez que recabe al Concello de Vigo el expediente de contratación de unas obras en Balaidos por importe de 1.136.016 euros adjudicadas a Alonso Pais, tras el registro policial en Eiriña y bajo la nueva denominación de la empresa como Stradia Infraestructuras SL, en UTE con GPD Construcciones SA, una de las supuestas empresas "amigas" del principal imputado. Además, Horro pide en su informe el sobreseimiento de la única obra investigada en la Zona Franca y los hechos del concurso privado de Aqualia.
