Más de dos años después de la tragedia de Angrois en la que perdieron la vida 80 pasajeros del Alvia que descarriló en la curva de A Grandeira, el juez Andrés Lago Louro ha cerrado la instrucción del caso. El auto ya está en manos del Ministerio fiscal y de las acusaciones particulares, que en diez días deberán formular el escrito de acusación para la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Atrás quedan dos años de una investigación dirigida primero por el juez Luis Aláez y desde septiembre de 2014 por Lago Louro y marcada por imputaciones y desimputaciones de miembros del consejo de administración de Adif y varios responsables de Seguridad en la circulación junto con informes periciales con distintos puntos de vista.

Pese a todas las diligencias, la causa se cierra de la misma forma que empezó a los cuatro días del siniestro. El maquinista, Francisco José Garzón Amo, es el único imputado, al que el instructor atribuye 80 delitos de homicidio motivados por "una imprudencia grave profesional" y 144 de lesiones. El magistrado reconoce en la resolución que la seguridad de la vía "podía ser mejor" pero aclara que no es un motivo del que puedan derivarse responsabilidades penales, por lo que sitúa como única causa del accidente el exceso de velocidad. El abogado del conductor, Manuel Prieto, asegura que su defendido tenía "asumido" que sería el "pagano" de la causa, por lo que el auto no le va a pillar "por sorpresa" y aunque presenten recurso no tienen confianza en que prospere.

Adif se limitó ayer a destacar que respeta las actuaciones judiciales. "Siempre dijimos lo mismo, que total colaboración con la Justicia y respeto a sus actuaciones", señalaron fuentes de la empresa.

El primer instructor del caso Alvia siguió una línea de investigación que apuntaba a una causa múltiple y no solo al despiste del maquinista. El juez llegó a imputar hasta en dos ocasiones a doce cargos de Adif por considerar que el paso por A Grandeira debió protegerse con el sistema ERTMS. Ocho kilómetros antes de la llegada a Santiago ese sistema permanecía desconectado desde junio de 2012 y en este tramo se empleaba el ASFA, un método convencional de señalización frente al control constante de velocidad que permite el ERTMS. La Audiencia de A Coruña dejó sin efecto las doce imputaciones en octubre de 2014 al entender que no había base legal que permita entender la ausencia del ERTMS. En su auto, Lago Louro recoge esta decisión de la Audiencia que comparte y añade que, en todo caso, el maquinista conocía la desconexión del sistema para defender que eso le exigía "un deber de diligencia mayor". De todas formas, el magistrado admite que la seguridad de la vía "podía ser mejor" aunque -matiza- no hay ningún elemento más allá del exceso de velocidad que permita atribuir el siniestro a la ausencia del ERTMS. Para el juez también "carecen de relevancia" por el mismo motivo "los posibles defectos de señalización". El texto destaca que el tren pasó por el inicio de la curva de A Grandeira limitada a 80 km/h a 200 km/h y que la distracción por la conversación que mantenía con el interventor le impidió atender a las señales que le indicaban que frenara y redujese la velocidad.

El instructor del caso Alvia asegura que al conductor no se le puede reprochar que atendiese la llamada del revisor que le provocó conducir "despistado" a la entrada de Santiago. Pero añade que en este caso el objeto de la comunicación era avisar de la entrada en la estación de Pontedeume por la vía 2, un asunto cuya respuesta, según el juez, "no requería de una solución urgente ni de un minuto y 42 segundos de conversación".

En cuanto a las nuevas diligencias solicitadas por la defensa del imputado y asociaciones de víctimas, Lago califica de "contradictorios" los informes de parte de tres peritos que, en su opinión, "solo se centran en los aspectos que interesan a quien los propone". Por eso, considera que citar a los peritos de parte para ratificar sus informes es "inútil e improcedente" y optó por dar prioridad a los tres expertos de designación judicial. De las declaraciones de los expertos, el juez se queda con que los ingenieros José Manuel Lamela y Juan Carballeira Sifón coinciden en que "la única causa de la tragedia fue la velocidad excesiva a la que el tren entró en la curva". Sobre el ingeniero César Mariñas -que afirmó que el accidente se podría haber evitado con el ERTMS y que Adif no realizó los análisis de riesgo en Angrois- avisa de que la función de los peritos "no es decidir cuestiones jurídicas sino auxiliar técnicamente".