Los dos mandos de la Guardia Civil acusados de extorsionar a la dueña de un prostíbulo de Carballo alegaron ayer durante el juicio que su única intención era llegar a un acuerdo "amistoso" con la mujer para que le devolviese a uno de ellos los 1.280 euros que consideraba que le había cobrado de más. La investigación del caso surgió a raíz del envío de un fax anónimo a la Policía Nacional de A Coruña denunciando los hechos. "Yo no fui. Creo que alguna de las chicas puede tener algún amigo guardia civil y se lo contó", declaró la madame.

El cliente del club, que en el momento de los hechos era cabo en Ponteceso, relató que acudió a la casa de citas en 2012 en compañía de otro agente que no está imputado y de un amigo. Los servicios que demandaron y que pagó con su tarjeta, según su versión, costaban 700 euros y, al día siguiente, comprobó que le habían cargado 1.980 euros.

"No hubo ningún servicio extra. Yo, desde luego, no consumí cocaína y no pedimos ningún servicio especial de carácter sexual", subrayó el agente, para el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. El imputado afirmó que el precio que le cobraron no era el que habían acordado con las chicas, quienes, según su declaración, se comprometieron a hacerles descuentos. Además, insistió en que fueron las prostitutas quienes les pidieron que se cambiasen de una habitación normal a una suite con jacuzzi. El cabo admitió que estuvieron con cuatro mujeres, mientras que la madame aseveró: "Segurísimo que estuvieron con hasta cinco chicas".

Tras comprobar el saldo de su cuenta, el cabo decidió contactar con el sargento de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Carballo, que se enfrenta a una petición de tres años de prisión e inhabilitación para desarrollar cualquier cargo público. "Me acordé de él porque lo conocía de haber trabajado con mi padre y la Judicial es la que lleva los temas de los clubes. Le comenté lo que había pasado para intentar solucionar el problema de forma amistosa. Quería evitar cualquier tipo de denuncia, me daba vergüenza llegar al cuartel y que la gente empezase a hablar", aseveró, al tiempo que insistió en que solo quería recuperar el dinero que le habían "robado".

El fiscal difiere de su versión, ya que considera probado que pretendía que la víctima le reintegrase todo lo que había abonado en el prostíbulo. De hecho, la mujer le entregó 900 euros en dos pagos, pero continuó enviándole mensajes exigiéndole el dinero. "Llamaba porque quería lo que me estafó", recalcó. Su compañero, el sargento de Carballo, reconoció que consiguió el móvil de la encargada del local porque constaba en unas diligencias abiertas en su cuartel por una denuncia anterior. El procesado también admitió que la llamó y la citó en su despacho. "Parte de la investigación es hablar con la gente", justificó. El fiscal le preguntó si hubiese hecho esa gestión "por cualquier ciudadano" y por qué no figura en ningún documento oficial. "En principio, sí, cualquier ciudadano tendría acceso a mí. No había indicios de delito y por eso no hubo ningún informe", alegó. El acusado subrayó que se limitó a "mediar" entre su compañero y la encargada de la casa de citas.

La mujer testificó que el sargento le espetó: "Lo mejor es que le devuelvas el dinero" y que le recordó que tenía una denuncia pendiente. "Miedo no tuve, pero salí de allí segura de que si no pagaba iba a tener problemas con ellos. Son autoridades", señaló la prostituta, quien manifestó que el sargento le recordó que se portaban "bien" con ella, pero que podrían ponerle "coches patrulla en la puerta", controlar los horarios de cierre del club y la situación de las chicas.