Miembros de la Plataforma Víctimas Alvia 04155 viajarán a Bruselas la semana que viene para reunirse con responsables de transporte de la Comisión y el Parlamento Europeo. Esta visita se produce un año después de que el colectivo presentase ante Bruselas dos denuncias en contra del Gobierno central por incumplir la normativa comunitaria en materia ferroviaria en el accidente de tren en Angrois que dejó 81 muertos y 144 heridos en julio de 2013.

La mediación de la portavoz del BNG en Bruselas, Ana Miranda, ha permitido este viaje en el que el próximo martes, integrantes de la organización se reunirán con el responsable de coordinación y seguridad de la Dirección General de Transporte (DG Move) de la Comisión Europea (CE), Oliver Onidi. Con este alto cargo hablarán sobre el sistema ERTMS - que permite el control constante de velocidad- y que estuvo desconectado en el Alvia que descarriló hace más de dos años y retirado en la línea Santiago-Ourense en los últimos ocho kilómetros por un cambio en el proyecto original. Los miembros de la plataforma también mantendrán un encuentro con el presidente de la comisión de transporte del Parlamento Europeo, Michael Cramer.

La organización había pedido sin éxito al juez del caso Alvia -al que ya dio carpetazo con el maquinista como único imputado- la comparecencia en el juicio del coordinador del comité director del ERTMS, Karel Vinck, que se encarga de implantar este método en los Estados miembros.

Las víctimas aprovecharán su viaje a Bruselas para realizar un acto "simbólico" a las puertas de la CE y proyectarán en la Eurocámara el documental Frankenstein-O4155 con su director Aitor Rei. La cinta -impulsada por la plataforma de víctimas y financiada a través de aportaciones de particulares- es un trabajo de investigación que revela que al convoy siniestrado superaba en 32 toneladas el peso permitido por Renfe.

La plataforma presentó hace un año dos denuncias en la comisión de peticiones y con esta visita pretenden agilizar ambas al reunirse también con los máximos responsables de este organismo comunitario. La primera se interpuso "por incumplimientos del Gobierno español de la normativa de seguridad de la alta velocidad". La segunda denuncia tiene que ver con el supuesto delito de publicidad engañosa, al considerar que el Ministerio de Fomento anunció que los ciudadanos contaban en ese tren y en esa línea con el sistema ERTMS.