La crisis económica y el desplome inmobiliaria puso en los últimos años freno a los delitos urbanísticos en la comunidad. Tras más de un lustro de continuo descenso de los procesos por infracciones contra la ordenación del territorio y el patrimonio en Galicia, en 2014 se produjo un "repunte" de las diligencias, según advirtió ayer el fiscal superior, Fernando Suanzes, durante un encuentro con la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato. Hasta un total de 71 querellas criminales o denuncias por este tipo de ilícitos penales llegaron el año pasado a los juzgados gallegos. Un balance que la conselleira atribuyó a la "revitalización de la economía gallega" y a la "construcción".
Tras la reunión celebrada en la sede de la Fiscalía Superior, en A Coruña, Suanzes y Mato anunciaron la elaboración de un convenio de colaboración en la protección del urbanismo ya que el 75% de las diligencias incoadas por el Ministerio público competencia de Medio Ambiente afectan a esta ámbito. Según la Memoria de la Fiscalía del ejercicio pasado, de las diligencia de investigación medioambientales abiertas casi el 60% son delitos contra la ordenación del territorio y del patrimonio.
El boom urbanístico colocó a Galicia entre las comunidades más afectadas por la marbellización de la costa. Las estadísticas hablan por sí solas: en 2007, las denuncias por irregularidades urbanísticas aumentaron más de un 22%. Desde entonces, las diligencias de investigación por construcciones ilegales disminuyeron, pero el año pasado volvieron a experimentar un aumento. Este "repunte" fue atribuido por la conselleira de Medio Ambiente a una mejora de la economía gallega y al incremento de la actividad en el sector de la construcción. Bien es cierto, que en vísperas de elecciones este tipo de denuncias también suelen aumentar.
Para evitar que el efecto Marbella se extienda a la comunidad, la Fiscalía Superior demanda desde hace años al Gobierno central una policía especializada para los casos de urbanismo, medio ambiente y patrimonio. El objetivo es conseguir un Seprona autonómico, reforzado y dotado con los medios personales y personales dedicado a esas tres áreas, lo que permitiría una respuesta más eficaz al Ministerio fiscal.
Vertidos
Por otra parte, la conselleira hizo balance de los vertidos en 2014. Según detalló, la Xunta realizó el año pasado unas 2.700 inspecciones y hubo más de 6.000 puntos de vertido detectados, de los que casi el 30% -cerca de 2.000- eran contaminantes o están en fase de investigación. El 20% de las diligencias en esta materia por parte de la Consellería están en manos de la Fiscalía y un 5% relativo a la conservación de la naturaleza y protección de la fauna, que pretende evitar el maltrato animal. Suanzes manifestó su "máximo interés" por consolidar y desarrollar la relación institucional con Medio Ambiente debido a las áreas "sensibles" en las que interesa verificar la posibilidad de que existan ilícitos penales en el medio ambiente.
