Dueños de casas ilegales acusan a la Xunta de "cebarse" con ellos con multas abusivas

El Ejecutivo autonómico da carpetazo a las moratorias de derribo reclamadas por propietarios de viviendas construidas en suelo rústico en concellos sin plan urbanístico

09.02.2016 | 19:22
Una excavadora derriba una chalé en O Grove.

Reformas

  • Andalucía. La Junta de Andalucía aprobó en el año 2013 una decreto para regularizar 250.000 viviendas ilegales levantadas en las últimas décadas en suelo rústico
  • Gobierno central. La reforma de la Ley de Costas permite legalizar los núcleos marineros tradicionales de la costa gallega que tras los deslindes de 1988 pasaron a ser titularidad del Estado
  • Xunta. El Ejecutivo gallego aprobó en 2010 la regularización de viviendas y naves ilegales, pero solo de aquellas sin expediente alguno abierto y que fueran construidas antes de 2003

La piqueta les amenaza desde hace años. No son villas ni grandes caseríos, sino casas unifamiliares levantadas en suelo rústico en ayuntamientos que todavía hoy carecen de plan de ordenación municipal. Los más de 2.000 dueños de estas viviendas construidas en Galicia hace décadas reclaman desde que comenzó a tramitarse la Lei do Solo, que hoy irá al Parlamento para su aprobación definitiva, una moratoria de derribo en los concellos sin planes urbanísticos. Tras el carpetazo dado por la Xunta a su petición, los propietarios afectados acusan al Ejecutivo gallego de "cebarse" con ellos, rechazando emular fórmulas de otras comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía que ha aprobado una ley de regularización para edificaciones en suelo no urbanizable, o incluso del Gobierno central, que con la reforma de Ley de Costas ha indultado miles de viviendas al ampliar las concesiones de las casas construidas en la playa en 75 años.

"Nos sentimos marginados por la indiferencia de la Xunta ante nuestra situación", denuncia un afectado, quien recuerda que "son casas construidas hace décadas con los ahorros de muchos años de trabajo" las que están bajo amenaza de derribo. No tiran la toalla y esperan que el Ejecutivo autonómico actúe para evitar que unas 2.000 "familias humildes" se queden sin hogar.

l colectivo también denuncia las "abusivas" multas que les impone la Administración gallega: desde 1.000 euros hasta alcanzar los 8.000. "¿Por qué no se reduce la cuantía de estas sanciones cuando la Xunta anunció una batería de rebajas, que si el IRPF, los impuestos de sucesiones y de donaciones, mejoras para el naval, el lácteo?", se pregunta un propietario bajo la lupa de las piquetas de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependientes de la Consellería de Medio Ambiente. Aseguran sentirse "marginados" y "desprotegidos" por el Gobierno gallego y le reprochan que no haya aprovechado la reforma de la Lei do Solo para regularizar su situación, permitiendo que esas viviendas levantadas hace décadas en ausencia de un plan de urbanismo y que todavía hoy está en trámite o fase de redacción sean legalizadas con la aprobación de sus PXOM.

Por el contrario, advierten los afectados, se buscan soluciones para arreglar a través de la Lei do Solo bloqueos de planes xerales de urbanismos, como es el caso Vigo, mientras que para su situación no se planteas alternativas. "¿Por qué buscar soluciones al caso de Vigo salvando los proyectos clave de la ciudad y no dan una solución a los propietarios de viviendas en suelo rústico?", se pregunta un propietario. Ya antes de que se comenzase a tramitar la reforma de la Lei do Solo, los propietarios de estas viviendas habían reclamado a la Xunta moratorias de derribo en los concellos sin planes urbanísticos. Entonces ya la Consellería de Medio Ambiente rechazó tal concesión y limitó el único aplazamiento al recogido en la Lei de Vivenda, que afectaba a construcciones con licencia "anulada". El departamento autonómico justificaba como "evidente y justa" esa moratoria, ya que no se trataba de propietarios que construyeron sin licencia o autorización autonómica, sino ante ciudadanos que al amparo de una licencia ejecutaron las obras que las permitían.

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