El Parlamento gallego ha aprobado hoy la Ley del Suelo que sustituye a la de 2002 con los votos a favor del PP y el rechazo de todos los grupos de la oposición, que se han comprometido a derogar la norma en el futuro.
Además, la ley se ha aprobado sin la modificación del artículo 144, que no se ha llegado a votar, debido a que AGE y el Grupo Mixto han mantenido su negativa a introducir este cambio.
El PP pretendía una modificación, que no se llegó a debatir, a la que el PSdeG anunció que se sumaría, si se llegaba a votar, mientras que el BNG indicó que se abstendría para no entorpecer una solución, si bien abogaba por una alternativa.
De este modo, probablemente en próximas semanas la ley aprobada hoy volverá al pleno para ser modificada en este punto.
Esta modificación permitirá acometer proyectos urbanísticos en Vigo, tras la anulación de su plan de ordenación, pero también en otros municipios en caso de que sus planeamientos se vean afectados.
Jaime Castiñeira (PP) ha defendido la enmienda para resolver la problemática puntual de Vigo pero también las eventuales de otros municipios.
Ha destacado que la enmienda aumenta la participación de los municipios y que los proyectos para los que está destinada son "de urgencia o de excepcional interés público y hay que justificarlo y si el informe municipal es negativo se desiste del proyecto".
"El problema de Vigo no lo creó la Xunta actual, sino el bipartito y el alcalde de Vigo y ahora el PP se ofrece a solucionarlo. Galicia afortunadamente tiene un gobierno estable con apoyo suficiente para solucionar problemas de interés general", ha defendido.
Xosé Sánchez Bugallo (PSdeG) ha asegurado que su grupo apoyaría esta enmienda porque que la ley en general "sea un desastre no quiere decir que lo deban pagar los ciudadanos de Vigo ni de otro punto de Galicia".
En cualquier caso ha indicado que "es la visión recortadora de la Xunta la que genera el problema", ya que con la leyes anteriores de urbanismo "no sería necesario modificar la nueva ley" como se va a hacer.
La diputada del BNG Ana Pontón ha criticado que durante tiempo se haya "falsificado el debate" ya que su grupo también presentó una propuesta que serviría para solucionar el problema y el PP, cuya iniciativa generará "más inseguridad jurídica", se opuso.
Ha criticado la "falta de rigor" de la ley aprobada porque "si ante un problema la ley no da soluciones es la mayor evidencia de que ley nace fracasada, muerta".
El viceportavoz de AGE, Antón Sánchez, ha insistido en que su grupo mantendría su oposición a la modificación del artículo 144 porque "volverá a traer problemas en el futuro" que tendrán que ser afrontados por todos los gallegos.
Ha justificado su oposición a esta modificación porque AGE tiene "la libertad de no tener dependencias y de tener valores", por lo que es "inmune a las presiones, a las operaciones de pantalla".
"Hacen una operación política que poco tiene que ver con la protección de los trabajadores de PSA", ha afirmado Sánchez, que ha recordado que su grupo ha hablado "con la dirección y trabajadores de Citroën" y ha recordado que la modificación afectaría "a todo el país" y "elude la participación pública".
Para la diputada del Grupo Mixto Consuelo Martínez "la modificación del artículo de la ley no resuelve el problema de Vigo" y ha criticado que el PP pretenda "un cheque en blanco" en urbanismo.
En cuanto al conjunto de ley, el portavoz del PP en el debate, Jaime Castiñeira, ha defendido que su grupo y la Xunta ponen los intereses de los gallegos por encima de los partidistas, una cuestión que en su opinión no hacen los grupos de la oposición.
Además, ha cuestionado que los grupos de la oposición vayan a modificar o derogar la ley "si es que llegan a gobernar, que ya es mucho imaginar" y ha augurado que les valdría porque "mejora el urbanismo de Galicia" respecto a la ley de 2002.
Todos los grupos han insistido en que la ley aprobada hoy es "peor" que la anterior y se han comprometido a derogarla sustancialmente o a derogarla en caso de que gobiernen.
El portavoz del PSdeG en el debate, Xosé Sánchez Bugallo, ha afirmado que la ley aprobada hoy "es una versión recortada, devaluada y empobrecida de la ley en vigor" y ha augurado que "no dará más estabilidad, ni conseguirá que los municipios de Galicia tengan PXOM ni protegerá el suelo rústico ni nada de nada".
"La bajada de exigencias tiene como único objetivo legalizar determinadas actuaciones de los últimos años y una vez cumplido este objetivo doy por hecho que modificarán de nuevo la ley", ha clamado.
La viceportavoz del BNG, Ana Pontón, ha incidido en que la ley aprobada hoy "en solitario" por el PP es "una versión empeorada de la legislación actual", porque es "menos clara, más arbitraria y desprotege el territorio".
Pontón ha considerado que incide en los problemas causados por la liberalización del suelo en los años 90 y en la destrucción del territorio, en el encarecimiento de la vivienda para las rentas bajas y será un "desastre" desde el punto vista "económico, ambiental y social".
También el viceportavoz de AGE, Antón Sánchez, ha cargado contra lo que considera la consolidación de un modelo "inspirado en la desregulación, obsoleto, ineficiente, insostenible y fracasado" y que no da respuesta a las más de 300.000 viviendas vacías, al aumento de precio, al deterioro de patrimonio construido, al endeudamiento masivo, a la reducción superficie agraria útil o a la "desprotección" forestal.
Sánchez ha cargado contra las facilidades para la reclasificación de suelos rústicos, ya que "cualquier suelo rústico de protección ordinaria o de especial protección puede ser reclasificado con la excusa de un desarrollo urbanístico racional".
La diputada del Grupo Mixto Consuelo Martínez ha lamentado el rechazo a las enmiendas propuestas por su grupo y ha destacado su importancia social, ya que el articulado final atenta contra el derecho a la vivienda y al realojo, entre otras cuestiones, y también ha cargado contra la interpretación positiva del silencio administrativo por defecto.
También ha calificado de atentado al medioambiente la decisión de conceder la prórroga a Ence en la ría de Pontevedra y ha vaticinado que la ley "durará poco, porque no responde a necesidades económicas del país".
Jaime Castiñeira (PP) ha insistido en las bondades de la ley y ha defendido un cambio de modelo de los núcleos rurales, "porque tienen derecho a desarrollarse" y también de la elaboración de los planes básicos por la Xunta, que "no resta competencias" a los municipios, sino que les ayudará.
Durante el debate, el exconselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras Agustín Hernández ha seguido el debate, acompañado por la secretaria xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas.
