Dos días después de que la Xunta enviase una carta al Ministerio de Educación para pedir que galpones, establos y palleiras no computen como patrimonio para pedir becas palleirasporque supone un "claro perjuicio" para los alumnos del rural, la oposición se movilizó para tratar de frenar el llamado catastrazo en el campo gallego. Pero PSdeG, BNG y AGE se encontraron con el rechazo del PP a las dos propuestas presentadas por socialistas y nacionalistas en las que instaban ala Xunta a reclamar al Gobierno central la "inmediata" paralización del proceso de regularización catastral de Hacienda en el rural y que reclame a Madrid el cambio de baremos para optar a ayudas de estudio.

Para el PSdeG, la carta enviada por la Xunta al Ministerio de Educación es "mera propaganda", ya que -alegan- en comisión parlamentaria el PP rechazó ayer una iniciativa de los socialistas para que galpones y galiñeiros dejen de computar para pedir becas. "Los límites fijados por el Gobierno impiden que las familias con una de estas propiedades puedan pedir bolsas", advirtió el portavoz de Agricultura del PSdeG, Pablo García. Los datos hablan por sí solos: la suma de los valores catastrales de las fincas rústicas no pueden superar los 13.120 euros por cada miembro, con un límite que asciende a 42.900 euros en las fincas urbanas.

Para los socialistas es una "auténtica barbaridad" fijar el criterio de los metros cuadrados como único baremo para discriminar ayudas a los estudios. "El valor catastral es irreal. Un alpendre tasado en 14.000 euros... Que venga alguien y lo compre", ironizó García.

Ante los baremos establecidos por el Ministerio de Educación, el PSdeG reclamó a la Xunta que trasladase al Gobierno la necesidad de modificar los criterios en el rural y que se consideren las "particularidades" de las explotaciones agroganaderas, la variabilidad de su rentabilidad y la propiedad como concepto de medio de producción.

Desde el PP, Isabel García justificó su rechazo a la iniciativa porque la Xunta ya remitió al Gobierno central una carta en la que piden eso precisamente.

Desde el BNG, Tereixa Paz calificó el proceso de regularización de Hacienda de un "busca y captura" para hacer que tributen por el IBI instalaciones agroganaderas "sin ningún" valor de mercado con el objetivo, apuntó, de "machacar a las clases populares en vez de a los que evaden impuestos". Esta situación, a su juicio tiene "consecuencias" sobre los derechos de los hijos de familias del rural. "Se hace creen que los ganaderos son los Amancios Ortega del rural por los bienes inmuebles que van a aparecer", cuestionó la diputada nacionalista.

Para Antón Sánchez (AGE) , la aplicación catastral es "injusta" ya que no tiene en cuenta la renta de las personas.

El PP rechazó de plano la petición del BNG sobre el proceso de paralización del proceso de regularización catastral porque "sigue la aplicación exhaustiva y racional de las normativas vigentes". "Lo único que están haciendo en esta comisión es criticar el IBI", cuestionó la diputada popular.