El presidente de la Diputación y del PP de Ourense, José Manuel Baltar, se enfrenta a presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y acoso sexual, después de declarar ayer en calidad de investigado ante la juez. Baltar eludió hacer declaraciones a los periodistas, tanto a la entrada como a la salida del juzgado y su versión la hizo pública su defensa, Juan Ramón Montero. El letrado pidió en sala la reserva de actuaciones que marca la ley para evitar filtraciones, culpó a la prensa de ser culpable de una "condena" previa al juicio y situó a Baltar como víctima de un caso político. "Este proceso es lo contrario de lo que parece. Baltar no ha cedido a presiones, intimidaciones o incluso amenazas" para que contratara a su denunciante. "Se ha resistido a jugar a ese juego", añadió el abogado. Según la defensa, el presidente de la Diputación "ha ratificado lo que es patente y público; jamás le ha dado un cargo a esta mujer y jamás le ha hecho una propuesta". Además, indicó que los hechos son "inciertos" y que se remiten a hace seis años, criticando que "se utilicen en los juzgados con unos fines muy distintos".
Por su parte, la mujer que acusa al popular de haberle prometido un puesto de trabajo a cambio de sexo, Teresa F.C., extrabajadora de la Diputación desde 2003 a 2009 y colaboradora del partido en otros actos, ratificó su denuncia. En sala se reprodujeron las conversaciones entre la particular y el barón captadas, con micro oculto, en 2010 y 2012. La mujer ejerce la acusación por acoso sexual, y también sigue investigada por su rol en posibles delitos de cohecho o tráfico de influencias, puesto que admitió haber accedió a la relación sexual en una ocasión, en 2010, ante la expectativa laboral.
La Audiencia aún no ha decidido si procede la citación en calidad de investigado de Baltar y la mujer, por lo que el letrado pidió el aplazamiento hasta que hubiera resolución. Además, rechazó la presencia del letrado de Democracia Ourensana, al entender que la personación del partido no está legimitada y tiene como objeto una utilización política de la justicia. Por último, el letrado pidió la nulidad del proceso. Todas las solicitudes fueron rechazadas.
