Luz verde a la última de la cinco leyes anticorrupción comprometidas por el Gobierno de Feijóo. El Parlamento gallego sacó ayer adelante, con los votos del PP y la abstención de toda la oposición, la ley que regulará la asistencia jurídica a los empleados públicos y cargos de la Administración autonómica implicados en un proceso judicial. Con esta nueva regulación, la Xunta negará por sistema a sus cargos imputados por delitos de corrupción el derecho a defensa legal a costa de las arcas públicas y delegará en la Asesoría Xurídica decidir si asiste o no a un funcionario o cargo. Hasta ahora, la decisión la tomaba el departamento del que dependía el empleado público investigado. La normativa determina también que los defendidos con fondos públicos que finalmente sean declarados culpables deberán pagar el letrado de su bolsillo.
Este es el último de las cinco medidas del paquete de impulso y regeneración democrática que el presidente de la Xunta presentó hace más de un año. El plan incluía además la Lei de Transparencia, la reforma del Consello de Contas para que asumiese nuevas funciones contra la corrupción, la ley de iniciativa legislativa popular y la ley de financiación de partidos.
La norma aprobada ayer por la Cámara autonómica regulará la asistencia jurídica a empleados públicos y a cargos de la Administración autonómica con conflictos en los tribunales y que en la actualidad se regían por una norma provisional del año 1984.
La oposición en bloque optó por la abstención pese a coincidir en la oportunidad del texto. Sin embargo, mantienen sus reservas en determinados puntos, como por ejemplo la fórmula del silencio administrativo que posibilita la norma, la falta de "diálogo" y negociación colectiva o su "absoluto desprecio" hacia el gallego.
La diputada popular Julia Rodríguez Barreira dijo que por primera vez se evita "la proliferación" de contratos de asistencia jurídica externa "que abundaron en muchas etapas" y que se plantea tal posibilidad "como algo excepcional". Xabier Ron (AGE), Consuelo Martínez (Grupo Mixto), y Tereixa Paz (BNG) incidieron que se trata de una contradicción que la norma mantenga el silencio administrativo cuando se trata de defender el derecho de los trabajadores a la asistencia jurídica.
Patricia Vilán, del PSdeG, lamentó que el texto llegase al Parlamento sin comunicación ni negociación alguna con los colegios profesionales ni con los afectados, y que tampoco fuese remitido a sindicatos ni sometido a negociación. La socialista consideró que la nueva ley no mejora la asistencia jurídica general y que muestra un "absoluto desprecio" del Gobierno que la impulsa hacia el gallego, informa Efe.
