Los incendiarios dieron en 2014 una tregua a los montes gallegos al permitir que la comunidad cerrase el año con uno de los balances de superficie arrasada más bajos de la historia: 2.003 hectáreas. Pero en 2015 la zona pasto de las llamas en Galicia se multiplicó por seis hasta las casi 12.000 hectáreas, con la particularidad además de que la mayoría de los incendios se registraron en espacios protegidos de la Red Natura. Según declaró en verano el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se trata de "una actividad incendiaria que no se veía en años y muy interesada en provocar el caos". Mientras en la campaña de incendios durante la época estival se refuerzan los medios de extinción para sofocar las llamas, los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Autonómica investigan cada caso desde que se produce y a lo largo de todo el año con el objetivo de detener a los culpables. En 2015, la incidencia del fuego se prolongó más allá del verano y en diciembre los grandes incendios que arrasaron Asturias afectaron a más de 300 hectáreas en la comunidad gallega.

La incidencia de los fuegos no siempre está relacionada con el número de detenidos por estos delitos pero el año pasado sí que se cumplió esta tendencia porque el número de arrestados subió de nuevo después del descenso en 2014, en concreto en un 16% hasta los 144 arrestados: 70 por la Guardia Civil y 74 por la Policía Autonómica. Y coincide que en el ejercicio pasado se quemaron el triple de hectáreas que en 2014. Si se comparan las estadísticas de la Guardia Civil y la Consellería de Presidencia de 2015 con las de cinco ejercicios atrás, la cifra de arrestados es un 21% mayor respecto a los 119 de 2010, a pesar de que en ese año los incendios calcinaron 14.711 hectáreas, un 23% más que las arrasadas el año pasado.

En el último lustro, uno de los peores años para la lucha contra el fuego fue 2011 al contabilizar unos 6.342 incendios -cuando de media se registran entre 3.000 y 4.000 salvo en 2014 con un millar- y 42.206 hectáreas quemadas, tres veces más que las 12.000 cubiertas por las llamas el año pasado. La diferencia entre los detenidos por provocar incendios entre 2011 y 2015 se reduce, sin embargo, a una docena de casos menos: de 156 a los 144, apenas un 8% menos. Las investigaciones de este tipo suelen demorarse años, lo que explica, por ejemplo que en 2012 se contabilizase la mayor cifra del lustro con 217 arrestados aún no siendo uno de los años con más actividad incendiaria. Muchos de los casos que comenzaron en la ola de fuegos de 2011 se prolongaron al año siguiente.

Desde 2010, los agentes pusieron a disposición judicial a 445 personas acusadas de prender fuego en los montes gallegos, lo que supone una media de siete al mes. No siempre los meses con más actividad coinciden con la campaña, todo depende de las pruebas que se consigan en cada proceso. De los 74 detenidos en el último año solo por la Guardia Civil, la mitad -unos 36- fueron localizados por los agentes en Ourense, donde se concentraron la mayoría de los fuegos en lo que va de año. El 17% corresponde a los 24 arrestados en Pontevedra, mientras que en A Coruña y Lugo apenas representan un 10% del total con seis y ocho personas acusadas de provocar incendios en Galicia, respectivamente.

Aunque en 2015 se pusiesen a disposición de la Justicia 144 presuntos incendiarios, son apenas la tercera parte de las investigaciones abiertas porque la dificultad para conseguir pruebas complica en la mayoría de los casos dar con el culpable aunque se siga el mismo procedimiento en todos los que llevan los agentes de la Guardia Civil y la Policía Autonómica. E incluso entre los que se logra detener, solo dos de cada tres son llevados a juicio porque en el resto faltan pruebas concluyentes y testigos que corroboren los hechos. Y de los que se sientan en el banquillo, son pocos los que acaban en prisión porque no tienen antecedentes o porque la pena es inferior a dos años.

Hasta un 30% de los incendiarios juzgados en Galicia son absueltos y la práctica totalidad de los condenados reciben sentencias que se resuelven con el pago de una multa. En casos puntuales, el presunto autor del fuego ingresa en un centro psiquiátrico por padecer algún trastorno mental, comportamiento social o dependencia de las drogas y el alcohol.

A excepción de los incendios por imprudencias como las quemas de rastrojos que resultan sencillos y se zanjan con un juicio rápido, en los más complejos la resolución puede demorarse entre dos y cuatro años y la celebración del juicio retrasarse incluso una década.