El Parlamento gallego ha aprobado hoy la admisión a trámite de la ley de medidas urgentes para la actualización del sistema de transporte público de Galicia, con el objetivo de solucionar la anulación de concesiones dictada por el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo.
La propuesta ha sido defendida por el PP, que ha sumado a sus votos los del PSdeG, pese a que no ha ahorrado críticas al Gobierno gallego, por entender que una ley transitoria es la mejor solución.
También han criticado tanto a la Xunta como al PP, el BNG y el Grupo Mixto, aunque finalmente se han abstenido.
AGE, en cambio, ha votado en contra por considerar que esta ley no soluciona el problema creado por la actuación de la propia Xunta.
Con esta nueva normativa el PP pretende dar cumplimiento a la directriz de la Unión Europea y también continuar con la prestación del servicio en Galicia atendiendo a sus particularidades, especialmente en el medio rural, además de continuar con la modernización sector, ha dicho su diputado Jesús Goldar.
Ha explicado que la ley, de tan solo tres artículos, incluye la elaboración de un plan sobre el transporte en Galicia, que estaría listo en 21 meses tras la aprobación de la proposición de ley, y que daría amparo a la realización de concursos de rutas según la normativa de la UE e impulsaría el uso del transporte público y potenciaría la intermodalidad
Una sentencia del Tribunal Supremo resolvió el pasado mes de marzo la anulación de la prórroga por diez años concedida en 2010 a 129 concesiones de transporte de viajeros por carretera en Galicia.
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) presentó en julio de 2010 un recurso contencioso administrativo contra el plan de la Xunta por entender que su normativa era "contraria a la competencia y a las normas comunitarias".La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo anuló en marzo esta decisión autonómica y además una sentencia de mayo de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que desestimaba el recurso de la CNC contra la resolución de febrero de 2010 de la Dirección General de Movilidad de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta sobre esa prórroga de las concesiones.
La sentencia del alto Tribunal indica que la cuestión de fondo del asunto es la compatibilidad de prorrogar las concesiones de transporte público por carretera más allá de los diez años en total e indica que la reglamentación de la Unión Europea es la que debe prevalecer.
Los grupos de la oposición han coincidido en criticar la actuación de la Xunta en esta materia que, han señalado, supone la demostración de que Núñez Feijóo no es un buen gestor, ya que envía al PP a arreglar el "desaguisado" causado por su propio gobierno.
Raúl Fernández (PSdeG) ha recordado que su grupo ya propuso la elaboración de una ley transitoria, una propuesta que fue rechazada por el PP en el pleno, ha recordado, por lo que ha tachado de "incongruencia" su postura.Ha criticado, además, que la ley establezca un plan de 21 meses para resolver las concesiones.
El diputado del BNG Francisco Jorquera ha cuestionado "la eficiencia" del gobierno de Núñez Feijóo y ha cargado contra el PP por "acudir al rescate para arreglar el desaguisado provocado por un gobierno incompetente que no es capaz de defender ni las leyes que aprueba".
Jorquera ha censurado que la ley proponga un plazo de 21 meses para elaborar un plan que resuelva las concesiones, ya que eso supone, en la práctica, ha dicho, "blindar hasta 2019 los intereses que había en la ley".En cualquier caso ha indicado que su grupo concuerda en que "lo principal ahora es un régimen transitorio, ya que es la única opción posible dadas las circunstancias, el desaguisado provocado" por el PP, ha dicho.
Para Juan Manuel Fajardo (AGE), el PP "miente" en el texto de su iniciativa, ya que este texto "esconde" sus propósitos, ha asegurado, y en ningún caso "garantiza el empleo de 5.000 personas", ya que no habla de condiciones laborales de trabajadores, ni de subrogaciones, sino de "blindar a las empresas"."Núñez Feijóo no es un buen gestor, sino que además de dinamitar el estado de bienestar en Galicia nos condena a una situación lamentable y una vez más recurre a una ley exprés para corregir sus propias leyes. Ustedes no son buenos gestores, son una agencia para garantizar los negocios de los amigos", ha concluido.
En una línea similar se ha pronunciado Consuelo Martínez, del Grupo Mixto, que ha tachado de "proposición de ley trampa" la propuesta del PP, porque "establece un periodo como si fuera a anticipar los concursos pero lleva a cumplir el plazo previsto -en la resolución anulada- para asegurar el negocio de Raúl López -propietario de Monbús- hasta 2020".
