Absueltos los acusados por adjudicaciones irregulares en la 'operación Rei'

La Audiencia de Lugo anula las escuchas telefónicas a los investigados al entender que no están justificadas y no ve los hechos acreditados constitutivos de delito

20.07.2016 | 01:19
El exalcalde de Castro de Rei, el socialista Juan José Díaz Valiño.

Fallos en la instrucción llevaron hace ya casi dos años a la Audiencia de Lugo a dar carpetazo a la operación Rei, una causa con ocho investigados por presunta prevaricación y tráfico de influencias en el concello lucense de Castro de Rei. Las "irregularidades" apreciadas en la obtención de pruebas dejaron la decisión de reabrir la investigación al Tribunal Supremo, tras un el recurso interpuesto por la Fiscalía. El caso se reabrió en julio del año pasado por orden del Alto Tribunal y ahora la Audiencia de Lugo ha decidido absolver al exalcalde socialista de Castro de Rei Juan José Díaz Valiño y los restantes siete acusados por supuestas adjudicaciones de obras públicas, contratas de servicios y empleos en el Concello.

Así lo recoge la sentencia hecha pública ayer en la que se anulan las escuchas telefónicas de las que fueron objeto los investigados al entender que no estaban justificadas ni ordenadas legalmente. La instrucción de la causa la llevó la juez Estela San José, que también vio cómo la causa de las multas de tráfico en Lugo, con más de 70 implicados, también fue anulada hace dos años por la Audiencia de Lugo, también por la obtención de pruebas de manera "irregular".

En el fallo hecho público ayer, la Audiencia Provincial concluye además que no hay pruebas que permitan concluir que los acusados cometieron delito y acepta los argumentos de las partes en el sentido de que el exregidor y los concejales investigados solo trataban de poner en marcha el mayor número de obras posibles dentro del estrecho margen que les permitía el plan E del Gobierno de Zapatero.

En una sentencia de más de ochenta folios, la Audiencia de Lugo concluye que no hay "razones" que pudiesen "permitir entender que se estaba cometiendo o se iba a cometer algún tipo de ilícito penal", por lo que "las primeras intervenciones telefónicas que se acordaron en esta causa carecían del presupuesto habilitante exigido jurisprudencialmente, lo que determina su nulidad".

En consecuencia, la nulidad del auto por el que se autorizaron "determina la producción del mismo efecto en todas aquellas otras pruebas directa o indirectamente relacionadas y derivadas" de estas escuchas. Una vez resuelta esta nulidad, la sentencia concluye que los acusados deben ser absueltos tras analizar las pruebas consideradas válidas.

Para la Sala "no existe prueba válida de los hechos en la forma que fueron objeto de las acusaciones", ya que los hechos acreditados "no son constitutivos de ningún tipo de infracción penal". "No existe prueba alguna de que los acusados decidiesen previamente el adjudicatorio y, aun sin que conste su participación delictiva, actuasen para conseguir esa adjudicación", señala la sentencia y recoge Europa Press.

La operación Rei trascendió en octubre de 2009, cuando la entonces instructora Estela San José, entraba, acompañada por agentes de la Policía, en el Concello de Castro de Rei para un registro y ordenaba la detención del alcalde y varios ediles de la corporación. Los registros enmarcados en esta operación, que se centró en la supuesta adjudicación irregular de obras y contratos de trabajo temporal abonados con dinero procedente de fondos europeos, del Gobierno central y la de Diputación, prosiguieron luego en varias dependencias en la institución provincial.

La operación, que investigó supuestas adjudicaciones de 2008 y 2009, sentó en el banquillo hace un mes a ocho acusados, todos ellos absueltos: el exalcalde, Juan José Díaz Valiño, para quien el fiscal pedía diez meses de cárcel, inhabilitación y multa, el que era teniente de alcalde Roberto Lorenzo (entonces en Terra Galega y actualmente con el PP), dos exconcejales -Antonio Balado y Ana Mariá Canto-, la secretaria municipal María José F. L., un ingeniero, un arquitecto y un empresario. En la causa llegaron a figurar medio centenar de investigados, entre ellos la que entonces era vicepresidenta de la Diputación de Lugo y hoy alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, que llegó a estar detenida, aunque finalmente no llegó a ser procesada.

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