Las excavadoras se retirarán este mes de la autovía de A Costa da Morte. Tras casi ocho años en obras, con tres licitaciones, una denuncia de sobrecoste y un recurso judicial de una constructora en todo ese tiempo, la infraestructura estrella del Plan Galicia comprometida tras la catástrofe del Prestige llega al fin de su larga travesía. El Ejecutivo de Feijóo se comprometió a abrir al tráfico este mes los 27 kilómetros que distan entre Carballo y Baio, a razón de apenas 300 metros de autovía construidos cada mes desde que en diciembre de 2008 el bipartito de Touriño colocó la primera piedra. Sine die queda el tramo de 17 kilómetros entre Baio y Berdoias, paralizado después de que la adjudicataria no lograse crédito para construir todo el corredor comprometido para vertebrar A Costa da Morte tras la marea negra que en noviembre de 2002 tiñó de chapapote más de 3.000 kilómetros de costa.

Sin llegar al extremo de la autovía del Transcantábrico (A-8), iniciada en la década de los 70 y que no entró en servicio toda la parte gallega hasta hace dos años, la autovía de A Costa da Morte sufrió multitud de contratiempos que echaron por tierra cada uno de los plazos fijados para poner en servicio la obra. Ya en la pasada legislatura, el Ejecutivo de Feijóo había anunciado para el último semestre de 2013 la apertura de los más de 40 kilómetros previstos en un principio entre Carballo y Berdoias. Finalmente se prevé abrir al tráfico este mes y tan solo los 27 kilómetros que discurren entre Carballo y Baio (Zas).

Tras el hundimiento del Prestige a 133 millas de Fisterra hace casi 14 años, el Gobierno de Fraga comprometió la infraestructura para garantizar el desarrollo y vertebración de A Costa da Morte como vía rápida.

Pero el bipartito de PSdeG y BNG la convirtió en autovía. En junio de 2008 se firmó el contrato de concesión con la unión de empresas formada por Ferrovial y Taboada Ramos, que se comprometió a ejecutarla por 584 millones de euros. En diciembre de ese mismo año, el entonces presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, colocó la primera piedra de esta carretera, aunque las obras por parte de la concesionaria nunca comenzaron debido a sus problemas de liquidez y además reclamó 40 millones adicionales para ejecutar el proyecto. Entonces, la empresa argumentó que las condiciones habían cambiado desde la firma del contrato.

Con el cambio de gobierno, la Xunta de Feijóo rescindió en noviembre de 2009 el contrato de mutuo acuerdo con la adjudicataria, a la que tuvo que indemnizar con 4,1 millones por el trabajo realizado y así poder quedarse y aprovechar los proyectos constructivos. En este segundo proceso, la oferta mejor valorada resultó ser la más cara, 979 millones de euros, lo que provocó que en verano de 2010 el PSdeG denunciara en el Parlamento gallego el "sobrecoste" de casi 400 millones respecto a la adjudicación del bipartito. La otra candidata en ese segundo concurso, una UTE de Dragados y Puentes, que ofertaba la autovía por 200 millones menos, llevó el proceso a los juzgados.

En mayo de 2011 llegó la tercera licitación, que recayó en la UTE de empresas gallegas -Copasa, CRV, Covsa y Taboada y Ramos- por 745 millones, 161 millones más que el contrato aprobado por el Gobierno de Touriño. Pero finalmente los más de 40 kilómetros de los dos tramos que integraban la autovía se quedaron en uno de 27 km, con un 35% menos de longitud y un ahorro del 17% del importe previsto para toda la infraestructura. El proyecto, según defendió la Xunta tras la modificación del contrato con la adjudicataria, permitirá atender a cuatro de los cinco municipios beneficiados por la autovía, lo que supone casi el 86% de la población servida.