El censo de damnificados por la vertiginosa reforma energética que nació con el freno de las primas a las renovables en la recta final de la última legislatura socialista y que el PP amplió y completó a su regreso a la Moncloa es larga y va más allá de las centrales limpias convencionales.
Eólica, las pequeñas hidroeléctricas y la biomasa sufren todavía las consecuencias del fin de las subvenciones a su producción, pero también las fábricas que utilizan sus propios procesos internos para generar electricidad, ahorrar en la factura e incluso sumar un plus en sus ingresos padecen las consecuencias del cambio de reglas, uno de los giros legales más judicializados en la historia reciente del país.
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