La conselleira del Medio Rural, Ángeles Vázquez, reclamó ayer "celeridad" al Gobierno para que desarrolle un reglamento específico que regule la figura de los primeros compradores en el sector lácteo. Este requerimiento se produce una semana después de que Unións Agrarias denunciase que unos 200 ganaderos gallegos llevan varios meses sin cobrar por la recogida de la leche en sus explotaciones, debido a incumplimientos de pagos de primeros compradores, que ejercen de intermediarios entre los productores y las industrias.

Vázquez reconoció que Galicia "tiene la necesidad" de que se regule ya la figura de los primeros compradores de leche para mejorar esta cadena de valor.

"La forma de avanzar es seguir legislando" y en ese aspecto hay ahora "un punto clave", que es la regulación de los primeros compradores.

A su juicio, hay un "problema acuciante" en Galicia en torno a los primeros compradores porque adquieren la leche al ganadero y luego dejan de pagarla. Por ello, reiteró que este asunto es importante para Galicia pero también para el resto de España. "Nosotros queremos que detrás exista un aval que no deje a los ganaderos sin recibir los pagos correspondientes por su leche", dejó claro la conselleira.

Vázquez también se refirió a la subida de precios de la leche en agosto -ligera alza en Galicia hasta 27,2 céntimos, pero sigue a la cola de España- para avisar de que en momentos como este "aflora esta figura del primer comprador que no garantiza los pagos".

En el encuentro celebrado entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades se aprobó también la distribución territorial de los fondos del Estado relativos a los Programas de Desarrollo Rural 2014-2020. En total se repartirán 48,5 millones. De ellos a Galicia le corresponden 6,12. La comunidad figura entre las que más fondos reciben, sólo por detrás de Castilla y León (9,32), Castilla-La Mancha (7,63) y Cataluña (7,01).

También se abordaron en la reunión los programas estatales de vigilancia, control y erradicación de enfermedades animales y vegetales por los que Galicia percibirá cerca de 1,6 millones para las labores de prevención y lucha contra las plagas y enfermedades.

Por último, España pedirá el próximo lunes en el Consejo de ministros de la Unión Europea, en Luxemburgo, la creación de un grupo específico de trabajo que estudie las consecuencias para el sector agrario de los cambios legislativos propuestos por la Comisión Europea (CE) sobre agricultura y presupuestos.

Bruselas ha planteado, dentro de su propuesta conocida como Omnibus, revisiones que podrían modificar reglamentos en asuntos financieros, de desarrollo rural, de la regulación de mercado o de la propia Política Agrícola Común (PAC).

Entre ellos, se encuentra la definición de agricultor activo, ya que cada país podría flexibilizar ese concepto a partir de 2018.