Pese a la información remitida por Hacienda a las comunidades autónomas para que pueden pergeñar sus presupuestos, la situación aún permanece bloqueada, puesto que aún faltan dos trámites inexcusables: la aprobación de los objetivos de déficit -que determinan cuánto se puede gastar por encima de los ingresos- y del techo de gasto, que marca el volumen máximo de las cuentas.

El Gobierno en funciones no puede salvar estos dos obstáculos, por lo que el PP ha presentado en el Congreso una iniciativa parlamentara para reformar la Ley de Estabilidad y poder así sortear, mediante un mecanismo exprés, el bloqueo político y desbloquear la elaboración de los presupuestos autonómicos. Para este año, las comunidades tienen un objetivo aprobado oficialmente del 0,3%, pero el Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó suavizar los recortes y lo elevó al 0,7%. En la misma sesión, se pactó incrementar el previsto del 0,1% de 2017 al 0,5%. Pero ninguna de esas cifras fue posteriormente aprobada, por lo que los presupuestos regionales se deben regir por la antigua senda fiscal, teniendo que renunciar a las mayores posibilidades de gasto que ofrece unos objetivos de déficit más elevados. Y lo mismo pasa con el techo de gasto, que mientras no se apruebe, las comunidades están impedidas para elaborar sus cuentas.