El juez deberá decidir si el análisis de Adif del riesgo en la curva de Angrois era obligatorio

Tres peritos admiten que no hubo una evaluación de la zona pero discrepan sobre si era preceptiva - La defensa del conductor y las víctimas esperan más imputados

19.10.2016 | 02:10
El perito Frans Heijnen, ayer, a su llegada a los juzgados de Santiago.

Adif no hizo un análisis de riesgo integral en la línea Ourense-Santiago donde descarriló el tren Alvia en el accidente de Angrois en julio de 2013 y que se saldó con 80 fallecidos y más de un centenar de heridos. Esa es la conclusión en la que coincidieron los tres peritos que comparecieron ayer en Santiago ante el juez Andrés Lago Louro para analizar el riesgo en la curva de A Grandeira y si Adif lo estudió de forma adecuada.

Pese a esta coincidencia, los tres expertos discreparon ayer sobre si esa evaluación integral de la zona era obligatoria. Mientras los dos peritos la aseguradora de Renfe, QBE, entienden que este estudio es preceptivo, el catedrático de la Universidad de Cantabria Enrique Castillo Ron considera que ese mandato no se deriva la normativa vigente. La tesis de este último fue apoyada por la abogada del Estado que representa al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), al asegurar que el análisis de riesgo integral o uno concreto para la curva de Angrois no son, en su opinión, obligatorios según la normativa. El juez será que el deberá determinar ahora si el análisis que contemplase el peligro en A Grandeira era obligatorio o no.

Esa evaluación sobre el riesgo tanto en la línea Ourense-Santiago como en la curva donde descarriló el Alvia es precisamente uno de los aspectos en los que se centra la investigación de la causa, reabierta tras un dictamen de la Audiencia Provincial en mayo de 2016, pese a que el magistrado le había dado carpetazo en octubre de 2015 con el maquinista Francisco Garzón como único investigado.

Los peritos de la aseguradora de Renfe ratificaron su informe de enero de 2014 que ampliaron el año pasado al reabrirse la causa y advirtieron de que el riesgo en la curva era intolerable. Frans Heijnen y James Rober Catmur apuntaron, en este sentido, que era obligatorio un análisis integral que no se realizó. El catedrático de la Universidad de Cantabria Enrique Castillo Ron -tercer perito que declaró ayer en el juzgado de instrucción número 3 de Santiago y que elaboró informes para la causa a petición del perito judicial Juan Carlos Carballeira- también admitió que Adif no realizó ese análisis en la línea Ourense-Santiago. Y eso que el experto en sus escritos había defendido que el nivel de peligro en la zona del accidente era "razonable", argumento que le acarreó en su momento críticas de las víctimas alegando que no es un perito profesional y de tener vinculaciones con Adif, Talgo y el Ministerio de Fomento.

Tanto el letrado Manuel Prieto como la portavoz de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Teresa Limón, expresaron ayer su deseo de que estas declaraciones permitan ampliar las imputaciones. El abogado del conductor destacó que hay más responsables en la tragedia que el despiste de Garzón, que circulaba con exceso de velocidad, a 200 kilómetros por hora a poca distancia de la capital gallega. "Hay una implicación grave por parte de los responsables de la seguridad en la circulación viaria de Adif y tienen que ser investigados si queremos que la red ferroviaria española sea de verdad segura", insistió Prieto.

Para que sea una red realmente segura aboga por la supervisión de expertos en seguridad que impidan que un error humano vuelva a provocar un descarrilamiento como el de Angrois, el primer siniestro con fallecidos de la alta velocidad española. En su opinión, está "clarísimo" que hay una omisión de medidas de seguridad por parte de Adif y, por eso, espera que el fiscal y el juez "cambien de decisión". "Si no se imputa a nadie más no será por falta de pruebas", destacó. "No hubo ningún análisis de riesgo en la zona del siniestro como obligan las normas y queda ratificado que ahí la seguridad no existía", afirma el abogado, que añade que no se puede dejar la seguridad "solo en manos del factor humano" porque "para eso está la tecnología que hubiese evitado ese accidente". Gómez Limón también considera que es "asombroso" que sigan sin imputar a nadie más que al maquinista.

El descarrilamiento del convoy se produjo en un punto donde, por cambios del proyecto, no estaba implantado el sistema de frenado automático ERTMS instalado en la red de alta velocidad. El mecanismo fue desactivado por orden de Renfe con el consentimiento del Adif por fallos de compatibilidad en el software de trenes y vías operativo.

El anterior instructor del caso Alvia, Luis Aláez, imputó hasta en dos ocasiones a altos cargos de Adif e los que veía indicios de responsabilidad por el cambio de proyecto que supuso la retirada del ERTMS, pero la Audiencia Provincial de A Coruña las desestimó.

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