El Gobierno central cerró ayer con las comunidades autónomas su primer acuerdo institucional de la legislatura que incluye el compromiso de aprobar ya este año el nuevo modelo de financiación autonómica, que se encuentra prorrogado desde 2014. La rúbrica se puso en la Conferencia de Presidentes que reunió en Madrid a Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría con todos los titulares de los gobiernos autonómicos, salvo los de Cataluña y País Vasco. No obstante, se trata de un acuerdo genérico que ahora deberá concretarse en comisiones y grupos de trabajo, que será donde de verdad se acometan las negociaciones y el momento más complicado para intentar aunar las distintas sensibilidades de los territorios.
Los trabajos preparatorios de la Conferencia de Presidentes ya tenían previsto aprobar un acuerdo para iniciar la negociación del modelo de financiación autonómica, pero ayer se añadió el plazo concreto. La intención es cerrar el acuerdo este año. "Vamos a ver si somos capaces. No será fácil pera tenemos que hacerlo", declaró Rajoy al terminar la reunión, por lo que pidió el "mayor esfuerzo" para llegar a un entendimiento.
El primer paso es la creación en el plazo de un mes de un grupo de expertos en el que las comunidades autónomas tendrán un representantes para exponer y defender sus intereses, para después trasladar sus propuestas al Congreso -ya que el modelo debe quedar reflejado en una ley- y al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Mariano Rajoy indicó, a modo de grandes principios, que el nuevo sistema tiene que basarse en la solidaridad, la equidad, la suficiencia, la transparencia y la corresponsabilidad fiscal, introduciendo como factores a tener en cuenta a la hora de realizar los cálculos el gasto en dependencia y en la sanidad. Pero nada se indicó sobre los criterios concretos que se utilizarán y el peso específico de cada factor en un sistema que a Galicia le supone el 61% de sus ingresos anuales. Por ello, es de suponer que se reproduzca la confrontación entre las autonomías que defienden la población como principal baremo, frente a las que proponen la dispersión y el envejecimiento y el gasto asociado a estas peculiaridades.
En todo caso, Rajoy dejó un par de advertencias. Es consciente de que todas las comunidades querrán incrementar los fondos, pero que eso pasa necesariamente por tener más recursos en las arcas públicas, que a su vez dependerá del crecimiento económico y del empleo. En este sentido, advirtió de que la recaudación está 20.000 millones de euros por debajo de la que había en 2007, antes de la crisis.
El segundo aviso fue para Cataluña. Rajoy espera que se incorpore a las negociaciones, pero en todo caso está dispuesto a aprobar el nuevo modelo aunque la Generalitat decida no participar, dejando claro que "no caben imposiciones de unos sobre otros". Añadió que las pensiones y la sanidad, dos aspectos vinculados a la financiación autonómica y que suponen el 42% de todo el gasto público, son una de las principales preocupaciones debatidas en la Conferencia de Presidentes.
Precisó que hay 14 millones de españoles que reciben una prestación pública y que el gasto en pensiones y sanidad "va a aumentar de forma imparable en los próximos años". Por ello, abogó por impulsar el crecimiento económico y el empleo para garantizar la supervivencia del Estado de Bienestar.
El segundo gran punto de atención, dijo, fue la regresión demográfica, por lo que se va a crear un grupo de trabajo con las comunidades para recoger sus aportaciones a una Estrategia Nacional por la Demografía.
Otros acuerdos de la conferencia fueron reunirse una vez al año con una evaluación intermedia para realizar balance; coordinar la actuación de Protección Civil ante catástrofes; celebrar un debate monográfico sobre educación con las autonomías para luego sumar sus propuestas al pacto nacional; mejorar los servicios de empleo; la movilidad laboral y la FP dual; crear u grupo de trabajo para poner en marcha la tarjeta social que recoja las prestaciones que recibe cada ciudadano; o dar voz a las autonomías en el reglamento que regulará el llamado bono social, destinado a ayudar a las familias con mayor vulnerabilidad antes los cortes de energía por impago de recibos.
Además, se realizará un estudio sobre la aplicación de la Ley de Dependencia, ya que las comunidades autónomas se quejan de que el Estado no aporta los suficientes fondos, y se incluye la posibilidad de que cada autonomía negocie con Hacienda poder convocar una oferta pública de empleo en educación, sanidad y servicios sociales por encima de la tasa de reposición.
