Las plantillas de las administraciones públicas han recibido los embates de la crisis y aún los siguen padeciendo. Desde 2010, el número de asalariados que trabajan en el sector público gallego se ha reducido un 11% al pasar de los 201.600 de finales de ese año a los 177.900 que había al cierre de 2016. En total, 23.700 plazas menos en esos seis años. Si el periodo de análisis se recorta y solo se tiene en cuenta el año pasado, la reducción fue de un 4,1%. Es decir, 7.700 efectivos menos trabajaban en las distintas administraciones públicas de la comunidad a comienzos de 2017, con respecto a un año antes, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). O dicho de otra forma, el año pasado se destruyeron una media 21 puestos cada día.
Pero el impacto de la crisis no ha afectado de la misma manera a todas las escalas de la administración. Algunas han sufrido las acometidas más que otras. Y alguna hasta ha aumentado sus efectivos. De las diez en las que el Instituto Galego de Estatística divide a los asalariados del sector público gallego, seis recortaron sus efectivos en el periodo 2010-2016, tres los aumentaron y una los mantuvo.
Entre las que los aumentaron destacan los altos cargos, que dispararon su número un 57%. Los directores y gerentes del sector público de la comunidad han pasado de los 2.100 que había en 2010 a los 3.300 de 2016. Son 1.200 altos cargos más. Si hace seis años por cada mando había 96 empleados, a finales del ejercicio pasado el número se redujo a 54. Estas cifras son aún más llamativas cuando se comparan con los recortes que han sufrido otras categorías. Como la de técnicos y profesionales de apoyo y la de trabajadores de los servicios de restauración. En ambos casos, la pérdida de efectivos entre 2010 y 2016 alcanzó las 9.300 personas. Algo más de un tercio de su plantilla en el primer caso (36%) y casi una cuarta parte (22%) en el segundo.
Haz click para ampliar el gráfico
La categoría de técnicos y profesionales de apoyo pasó de tener 25.200 puestos de trabajo a 15.900, mientras que la de trabajadores de los servicios de restauración descendió de 40.800 a 31.500. Ambas aglutinan más de tres cuartas partes (78%) del recorte total.
Pero no fueron las únicas que vieron rebajadas su personal. Las ocupaciones militares tuvieron una reducción superior al tercio de sus efectivos: un 34%, de 8.700 a 5.700. Lo mismo ocurrió con los empleados públicos relacionados con ocupaciones cualificadas de las industrias manufactureras y de la construcción que se redujeron un 36% (cayeron de 5.700 a 3.600).
Tras las categorías de técnicos y profesionales de apoyo y trabajadores de los servicios de restauración, la que más efectivos perdió en los últimos seis años fue la de los técnicos y profesionales científicos e intelectuales con 4.000 (un 4,7% menos). Es el colectivo con mayor peso en el sector público gallego: 80.600 a finales de 2016. El 45% del total. La única categoría que mantiene el mismo número de empleos es la de contables, administrativos y otros puestos de oficina con 21.000. Por el contrario aumentaron la cifra los trabajadores cualificados del sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero en 200 efectivos. El incremento fue del 15%: de 1.300 a 1.500. Los operadores de instalaciones y maquinaria y montadores también duplicaron su presencia al pasar de los 1.500 de 2010 a los 3.600 de 2016. Y la tercera categoría que creció fue la de directores y gerentes que aumentó de 2.100 a 3.300.
Llama la atención este incremento de los mandos en la Xunta, el aparato del Estado en la comunidad, los concellos, las diputaciones y las empresas propiedad de estas administraciones públicas cuando en 2011 los Presupuestos Generales del Estado incluyeron la congelación salarial para ese ejercicio de los empleados de estas instituciones y una la tasa de reposición de efectivos del 10%. Esto quiere decir que por cada diez funcionarios que se jubilasen, sólo se convocaría una plaza para reposición.
Plan de austeridad
En 2011, el Ejecutivo también ratificó el Plan de Austeridad para las Administraciones Públicas 2010-2012 que preveía la reducción de una media del 5% de los salarios de los empleados públicos ese año y su congelación para el próximo. En 2016, los Presupuestos Generales del Estado ya incluyeron un incremento salarial del 1%. Fue la primera subida tras cinco años de congelación salarial y uno de recorte, lo que provocó una pérdida de poder adquisitivo acumulada de alrededor del 20% para los empleados públicos, según cálculos sindicales.
En la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada el pasado 17 de enero se acordó que la tasa de reposición de los empleados públicos fuese del 100% en los servicios esenciales (Educación, Sanidad, lucha contra el fraude, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que se sumaron Instituciones Penitenciarias, el Servicio Público de Empleo Estatal y servicios sociales). En el resto, la tasa de reposición será del 50%.
