La permisividad de los concellos a la hora de levantar una vivienda o una nave ha llenado Galicia de miles de edificaciones ilegales. Para acabar con la política municipal del vai facendo, el bipartito creó en 2008 la APLU. El refuerzo de las inspecciones llevadas a cabo por los técnicos de la Xunta ha multiplicado las sanciones en materia de urbanismo y las órdenes de derribo. Solo el año pasado, la Consellería de Medio Ambiente resolvió un total de 458 expedientes. Un balance que supone una media de casi 40 obras ilegales detectadas cada mes por los inspectores de la agencia urbanística, el mayor número desde que empezó a actuar hace ya nueve años y un 10% más que los expedientes de reposición resueltos el ejercicio anterior (416).
El volumen de obras abocadas a la demolición durante los dos últimos ejercicios se queda muy por encima de los expedientes de reposición resueltos por la APLU en sus inicios: un total de 121 en 2009 y 203 el año siguiente.
La mayoría de los expedientes en materia de urbanismo abiertos por la Xunta proceden de la labor inspectora de la propia APLU. Aunque en los últimos años el porcentaje se ha incrementado: en 2016 alcanzó el 56%, frente al 41% del ejercicio anterior. Por el contrario, tanto los casos abiertos a raíz de denuncias de los ayuntamientos (18%) o particulares (12%), disminuyó, ya que en 2015 representaban el 23% y 22%, respectivamente, del porcentaje de las causas de inicio de expediente
