La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) pedirá una reunión con el Gobierno para modificar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como impuesto de plusvalías, tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional. El fallo del Alto Tribunal abre la puerta a devoluciones millonarias por parte de los ayuntamientos a los contribuyentes que recurran.

El presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, explicó ayer que están estudiando "a fondo" la sentencia, que anula la actual fórmula de cálculo ya que en la actualidad aunque no haya ganancia en la venta de un inmueble los propietarios deben abonar el impuesto, y por eso debe ser "el legislativo el que tiene que decidir". Los ayuntamientos gallegos recaudaron en 2015 más de 41 millones por este tributo. Esta cantidad supone un 53% más que los poco más de 27 millones que ingresaron antes de que estallase la burbuja inmobilaria en 2008.

Los alcaldes ya advirtieron hace tiempo al Gobierno de esta cuestión y recordó la resolución sobre haciendas locales aprobada en septiembre de 2015 por el pleno de la FEMP, en la que se pedía la modificación del impuesto en tanto no existiera una nueva normativa de financiación local. Concretamente, solicitaba la adecuación del tributo a la evolución del mercado inmobiliario de los últimos años como consecuencia de la crisis. Se proponía que se tuviese en cuenta el descenso del valor de los inmuebles que se ha producido fundamentalmente en los últimos cinco años.