El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, garantizó ayer que los registros de la propiedad de Galicia cuyas plazas de registradores fueron suprimidas por un reciente real decreto del Gobierno central en pro de una reagrupación en oficinas de villas de mayor tamaño mantendrán su actividad y sus funciones.
Las oficinas seguirán "abiertas al público para todas las operaciones que le son propias", aseguró Rueda en respuesta a una pregunta del PSdeG en la que se alertaba del posible cierre de estas instalaciones y su efecto perjudicial en el equilibrio territorial. Las localidades afectadas por esta medida son Bande y Celanova, que dependerán ahora del registro de Allariz; Ribadavia, Verín y Viana do Bolo del de O Carballiño; Muros del de Corcubión; Quiroga del de Monforte de Lemos; A Fonsagrada del de Ribadeo; Becerreá del de Sarria; y Ponte Caldelas del de Redondela.
La diputada del PSdeG encargada de preguntar al vicepresidente fue Patricia Vilán, que además le pidió que pelee por hacerse cargo de las competencias sobre los registros de la propiedad. "Parece increíble que sea el vicepresidente de la Xunta y venga aquí para decir que no tiene competencias para exigirle nada al Gobierno del Estado", reclamó Vilán cuando la respuesta de Rueda, en primera instancia, fue remitir el asunto de los registros reagrupados a una competencia estatal.
En su segunda réplica, el vicepresidente de la Xunta incidió en que el PSdeG tuvo la oportunidad de hacerse cargo de esta competencia en su etapa al frente de la Xunta y que no hizo esfuerzos por ello. Además, añadió que el Gobierno gallego ha negociado para disminuir hasta 1.000 el número mínimo de registros anuales necesarios para el mantenimiento de las plazas de registradores, mientras que otras comunidades socialistas, como Andalucía, querían fijarlo en 1.800.
