La Xunta calculará el promedio de tiempo que lleva a los funcionarios realizar sus tareas en el marco del análisis de la carga de trabajo de todas las áreas de la Administración gallega. Así, busca "reordenar" su plantilla en función de las necesidades que se detecten y corregir "desajustes". En la comisión Institucional, la directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, Natalia Prieto, garantizó que "es un método que se puede implantar" en "un corto plazo de tiempo", pues "no es imposible".

El estudio piloto de este análisis comenzó hace un par de semanas en el departamento de Vicepresidencia -impulsor del proyecto- y se desarrollará durante tres meses con el objetivo de extenderse al resto de la Administración gallega con un "método testado".

Todo ello para una "mejor redistribución y reordenación de los efectivos" en función del déficit o exceso detectado en cada unidad. En concreto, este análisis se hará en "este primer momento" en la Administración Xeral de la Xunta y sus 16.000 empleados, de forma que se deja fuera a los trabajadores de educación, sanidad y justicia, mientras que tampoco están incluidas las agencias públicas.

Prieto deja claro que "no se trata de una evaluación individual de los empleados públicos", sino que se persigue "analizar las tipologías de puestos" y "optimizar las unidades administrativas".

A la hora de medir el promedio de cada tarea se opta por un método basado "en la experiencia", en el que funcionarios con bagaje en su puesto determinarán los tiempo mínimos, medios y máximos para desempeñar cada una de las funciones. Aquí se descarta cronometrar las tareas, porque sería una medida "extraordinariamente laboriosa".

Entre los "beneficios" que supondrá esta medida, la directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa identificó acortar los tiempos que los ciudadanos deben esperar por procedimientos, a la vez que se "evitará tener que recurrir a contrataciones externas" debido a "acumulación de tareas", por lo que también "se reducirá el gasto público". Además, se pretende no tener personal "infrautilizado" y "desmotivado".