Un preso en Teixeiro hirió el pasado mes de febrero a seis funcionarios tras dársele la orden de regresar a su módulo por haber terminado las horas de paseo de la mañana. Tras más de un año de negociaciones con Instituciones Penitenciarias, los vigilantes de las cárceles del país ya tienen un nuevo protocolo que refuerza su seguridad y condiciones de trabajo ante agresiones de todo tipo. Los funcionarios de prisiones han logrado la condición de autoridad pública ante "cualquier conducta violenta", según el documento suscrito por los sindicatos CSIF y UGT con la Administración Penitenciaria.
Entre las nuevas medidas que recoge el protocolo destaca que los funcionarios de prisiones serán identificados con un número de registro profesional en los procesos administrativos y judiciales, una situación que garantiza su anonimato. Dentro del concepto "agresión", se han incluido agresiones verbales como coacciones, injurias, calumnias y amenazas. En el primer documento, la Administración Penitenciaria excluía las agresiones verbales.
"Desamparo"
"Desamparo"
El sindicato CSIF celebra la firma de este protocolo ya que pone fin a meses de negociaciones por el "desamparo" de los trabajadores penitenciarios ante conductas violentas de los internos. Con este documento, se ven reforzados sus derechos y condiciones de trabajo con una nueva catalogación de infracciones disciplinarias, que incluye un endurecimiento de algunas sanciones disciplinarias en los casos de agresiones que tengan como consecuencia un quebranto importante de la salud del funcionario agredido.
El protocolo también concreta medidas de apoyo psicológico, sin límites de sesiones hasta una total recuperación. Así como asistencia jurídica, con la obligación de remitir la dirección del centro la denuncia de la agresión a la autoridad judicial, más la suscripción de un seguro de accidentes, póliza de seguro de responsabilidad civil y la constitución de comisiones de servicio para los empleados públicos víctimas de agresiones graves. Y también asistencia sanitaria.
"Se trata de prevenir situaciones potencialmente conflictivas que puedan generar agresiones a los empleados públicos penitenciarios en relación con la población interna, apostando por medidas y estrategias preventivas", concluye el protocolo suscrito por los sindicatos CSIF y UGT.
