Las dos sentencias del Tribunal Constitucional que tumban el impuesto de plusvalía municipal cuando un propietario vende un inmueble a pérdidas han obligado al Gobierno central a mover ficha. Tras los dos fallos que abren la puerta a devoluciones millonarias a los contribuyentes, los alcaldes urgieron el pasado mes de marzo a Hacienda a ofrecer una solución que blinde la legalidad del llamado Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Y es que aunque el tributo lo aplican las administraciones locales -en Galicia son un total de 115 los concellos que lo cobran-, la competencia para su regulación es del Estado.
Un mes después de la reclamación planteada desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por Abel Caballero, el departamento que dirige Montoro ya se ha puesto manos a la obra para modificar la norma estatal sobre la fiscalidad por la venta de viviendas, garajes o locales comerciales en suelo urbano. "Ya se está estudiando el proceso y el calendario de la reforma", detallaron ayer desde Hacienda. "No será un cambio global de la ley -explican-, sino que se centrará en las operaciones que supongan una minusvalía". Para ello, el equipo de Cristóbal Montoro analiza "cuál es la mejor fórmula" para llevar a cabo este proceso.
Pero mientras Hacienda no acometa la reforma, el impuesto se seguirá cobrando igual que hasta ahora. "Lo único que pueden hacer los ayuntamientos que aplican este impuesto es suprimirlo en sus ordenanzas o esperar a que el Gobierno reforme la normativa para que se ajuste a las determinaciones del Constitucional", reconoce el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y también alcalde de O Barco, Alfredo García.
"Revisión urgente"
Desde la Fegamp, ya antes de que el Alto Tribunal dictase el primer fallo que tumbaba el gravamen cuando no hay ganancia en una operación en suelo urbano (compraventas, donaciones, permutas o herencias) propusieron una revisión del impuesto en su hoja de ruta para la reforma local. "Resulta urgente una revisión", reclamaron entonces los alcaldes gallegos, ya que este tributo "determina plusvalías en todos los supuestos cuando, por el efecto de la crisis y la depreciación de los inmuebles, se han generado auténticas minusvalías".
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Ante esta situación, que ha provocado una avalancha de recursos en los tribunales de toda España, la Fegamp apostaba ya el pasado mes de marzo por "definir la base imponible atendiendo a las efectivas plusvalías", en particular "las derivadas de las actuaciones urbanísticas, integrándolo en el IRPF a través de las deducciones oportunas para evitar dobles imposiciones".
Las sentencias del Constitucional dictadas en febrero y marzo sobre el impuesto en Guipúzcoa y Álava no invalidan por sí solas el tributo, pero franquean el paso a que los contribuyentes que pagaron por plusvalías irreales puedan recuperar el dinero y además allanan el camino para que los tribunales resuelvan próximamente litigios en la misma línea y tumben la norma estatal.
Adaptación ya en País Vasco
En las últimas semanas, las diputaciones forales de Álava y Guipúzcoa ya adaptaron sus normativas a los fallos del Constitucional ya que tienen competencia para ello. Esta modificación les permitirá que de ahora en adelante solo será de aplicación cuando haya realmente un incremento de valor en los terrenos, con el valor real de compraventa como referencia.
La modificación llevada a cabo en País Vasco afectará también a aquellos procedimientos que sigan abiertos, como son los contribuyentes que todavía no han recibido la liquidación o liquidaciones que se encuentren en los tribunales pendientes de resolver devengos previos a las sentencias del Constitucional. Sin embargo, no resultará de aplicación a las liquidaciones previas a la publicación de los fallos, aun cuando no estén prescritos. Por tanto, en estos casos, no procederán devoluciones.
