La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) ha recibido con satisfacción tanto el requerimiento de Competencia a la Xunta como la sentencia de Canarias que anula preceptos idénticos a los recogidos en la normativa gallega. "Es estupendo, porque ahora tenemos más respaldo, pero esto no debería sorprender a nadie", asegura su presidenta, Dulcinea Aguín, que encabeza dentro de la comunidad la oposición a la nueva normativa de la Xunta. De hecho, su asociación ya presentó hace poco más de un mes un recurso contra el decreto ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por, entre otras razones, la prohibición de alquilar por habitaciones. "Existe esta modalidad porque hay demanda; la gente lo pide", asegura. "Ahora se pone de manifiesto que lo que nosotros criticábamos no es nada que no sea razonable", añade Aguín, quien reprocha las excesivas exigencias que obliga el decreto a los particulares que quieren alquilar viviendas vacacionales. "Nos tratan como si fuéramos un complejo hotelero", denuncia la presidenta de Aviturga.
Para dejar de funcionar al margen de la ley y evitar multas que van desde los 900 a los 9.000 euros, los propietarios deben emitir a la Xunta una declaración responsable acompañada de la licencia de primera ocupación, cédula de habitabilidad o certificado de final de obra que deben expedir los ayuntamientos para acreditar que se ejecutaron las obras conforme la legalidad urbanística. En su recurso Aviturga también denunciaba la potestad que otorga el Gobierno gallego a los concellos para limitar el número de pisos por edificio y barrio. Aguín también alertaba de que algunos municipios se niegan a emitir estos documentos alegando que no tienen obligación de hacerlo.
