Siete de los catorce diputados de En Marea forman parte de Podemos, cuya dirección quiere dejar claro que se trata de cargos de su organización, a pesar de que formalmente están inscritos a título individual en un partido presentado como instrumental, pero que aspira a funcionar sin ese adjetivo. Uno de los asuntos que ambas partes negocian afecta al sistema de donaciones salariales de los parlamentarios. Podemos castigará e quien no aporte a sus arcas cumpliendo su código ético, se arriesgará a una sanción que derivará en la expulsión.

La dirección estatal de Podemos envió a los siete diputados un documento en el que les pide que certifiquen por escrito que son cargos de su partido, independientemente de la fórmula jurídica con que concurriesen a los comicios, tal como publicó este periódico. De esa forma, estarían sujetos a su código sobre donaciones salariales y a acatar las directrices políticas de la cúpula de Pablo Iglesias.

Según las fuentes consultadas, serían dos de esos siete integrantes quienes aún no habrían aceptado la firma, Luca Chao y Paula Quinteiro, aspecto que la dirección gallega evita confirmar, alegando que se trata de un acuerdo interno. Ambas diputadas fueron las que se mostraron reacias a cumplir las normas de Podemos esgrimiendo que se deben a En Marea, formación por la que concurrieron a las elecciones.

La secretaria xeral de Podemos Galicia y también diputada de En Marea, Carmen Santos, confía en que "habrá entendimiento", si bien reconoce que quien no cumpla el código ético de su organización dejará de formar parte de ella. "Dejarán de ser miembros del partido y pasarían a ser compañeros y aliados", añade sobre la opción más severa de sanción interna y matiza que la firma del documento no es obligatoria; sí lo es cumplir el código ético morado. No supondría en ningún caso expulsión del grupo parlamentario.

El asunto tiene más trascendencia de la meramente económica, pues supone la confirmación de que Podemos desea operar en En Marea como partido, convirtiendo este en una coalición de facto, fórmula que los impulsores de esta descartaron. Pablo Iglesias, líder de la formación morada, tuvo que aceptar las condiciones de estos antes las elecciones autonómicas del pasado septiembre para no romper la autodenominada "unidad popular", pero cree que aporta un plus por sus siglas y rechaza ceder toda autonomía en el partido instrumental, una fórmula, por cierto, que solo aceptó en Galicia de momento.

En Marea anunció poco después de los comicios una carta financiera donde se recogía una donación media de un diputado raso del 20% del salario a un fondo propio, dejando abierta la opción de que cada uno aportase a sus siglas de procedencia lo que estableciese oportuno. Sin embargo, la cúpula del partido, liderada por Luís Villares, prepara otro documento para encajar el reparto con Podemos.

En ese debate incluye Santos el documento enviado a sus compañeros de En Marea. "Ese acuerdo de vinculación es para que Podemos llegue a un acuerdo con En Marea y no sean los diputados los que tengan que hacerlo, que sean las organizaciones", explica.

Por tanto, no firmarlo quedaría sin castigo hasta que existiese un problema de posición política entre En Marea y Podemos, pues esta podría exigir a "sus" cargos en la primera que acatasen sus órdenes cuando, sobre el papel, su acta depende de la fuerza instrumental.

Podemos establece un límite salarial general de alrededor de 2.000 euros para sus cargos, ordenando la cesión del resto al partido y proyectos sociales, si bien la cifra se eleva en función de las circunstancias personales. Además, Luca Chao solicitó la dedicación parcial en el Parlamento, rebajando su salario a 2.587 euros al mes como "ayuda de coste".