Las víctimas, algunos peritos e incluso la Agencia Ferroviaria Europea consideran que el análisis de riesgo en la línea Ourense-Santiago y, en concreto, en la curva de A Grandeira, donde en julio se produjo el accidente del Alvia en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas, era obligatorio. La Audiencia Provincial de A Coruña ordenó la reapertura de la causa en mayo del año pasado porque se necesitaban nuevas pruebas para determinar si esta evaluación era necesaria. Y ahora confirma al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, como investigado por 80 supuestos delitos de homicidio y 144 lesiones por imprudencia grave, al desestimar los recursos de apelación de Adif y de la defensa del ex alto cargo. Los magistrados de la Audiencia, en un auto con fecha 28 de junio, justifican precisamente esta decisión en que existen indicios de "una actuación deficiente, incompleta y parcial en la evaluación de riesgos".

Este recurso era uno de los que quedaba pendiente después de que el juez que instruye la causa, Andrés Lago Louro, decidiese el pasado junio prorrogar el caso Alvia hasta diciembre de 2018 y de que esta semana fijase la comparecencia de los peritos de nuevo para el 27 de julio y reclamase a la Agencia Ferroviaria Europea un informe sobre la necesidad de una evaluación de riesgo en la línea en la que ocurrió el siniestro. Tras rechazar el recurso de Adif y Cortabitarte, la Audiencia coruñesa deberá pronunciarse ahora sobre la petición de otras diligencias de las partes, entre ellas la solicitud de la plataforma de las víctimas de nuevas imputaciones de cargos de seguridad de Adif.

Desde el organismo judicial reprueban, sin embargo, al instructor del caso por "dar por cierto que el riesgo de descarrilamiento en esa curva fue detectado y comunicado a Adif", en alusión al supuesto aviso de la unión temporal de empresas que construyó la línea e Ineco (consultora vinculada a Fomento) a la compañía sobre el peligro en A Grandeira,argumento que también defiende la Unión Europea. Los jueces aclaran que la imputación del exalto cargo de Adif obedece a su "conocimiento de la situación de peligro" en Angrois pero el hecho de no mitigarlo "carece de base suficiente" porque en ese caso -aclaran- "la imputación estaría clara y tendría que haberse producido antes". La Audiencia provincial de A Coruña resuelve , por tanto, que hay base para la imputación pero que "no está clara la necesidad y la obligación de una evaluación integral de la curva". El auto recoge que Adif aceptó un análisis de riesgos sobre "los aspectos técnicos del subsistema de control, mando y señalización sin prestar atención a la peligrosidad de la curva" y, de esa forma, "no se estimó el peligro de accidente por exceso de velocidad teniendo en cuenta la decisión de Adif de excluir el sistema de frenado automático ERTMS previsto" en un principio en el proyecto.

La decisión de la Audiencia coruñesa ha generado reacciones distintas entre las partes implicadas en la causa. Desde Adif alegan que aunque los jueces hayan desestimado el recurso, plantean cuestiones que hacen que la imputación de su alto cargo -reubicado en la subdirección de Gestión Logística de Aprovisionamiento- quede "más atenuada" que en el auto apelado.

El abogado Manuel Prieto, que defiende al maquinista Francisco Garzón, investigado junto a Cortabitarte en el caso Alvia, destaca que si el riesgo se hubiera analizado "no se hubiese producido el accidente", aún con el despiste de su defendido, porque funcionarían las medidas de seguridad necesarias.

Las víctimas, por su parte, se muestran "satisfechas" con la ratificación de Cortabitarte como investigado y le piden que dimita de su puesto actual y que comparezca ante el juez, tras negarse a hacerlo en su primera vista en abril. Los afectados también esperan que Bruselas conteste "en breve" a las preguntas de Lago Louro sobre la obligatoriedad de un análisis de riesgo integral en la línea Ourense-Santiago.