La Audiencia de A Coruña ha rechazado cancelar la fianza de tres millones de euros impuesta al capitán del Prestige, Apostolos Mangouras, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de prisión por la marea negra que tiñó de chapapote más de 3.000 kilómetros de costa tras el hundimiento de viejo monocasco en noviembre de 2002. Pese a la sentencia condenatoria dictada en enero del año pasado por el Alto Tribunal, Mangouras, que supera los 80 años, no tuvo que ingresar en prisión.
Tras la catástrofe del Prestige, el capitán del petrolero fue detenido y a los 83 días de su arresto, puesto en libertad una vez depositada una garantía bancaria por el importe de la fianza -una de las más cuantiosas de la historia judicial española- y el depósito más alto decretado para un accidente marítico. Mangouras se quejó entonces de que la cuantía era "excesivamente elevada" porque, a su juicio, se había establecido sin tener en cuenta circunstancias personales como su profesión, renta, patrimonio y antecedentes penales.
Ya entonce, sus letrados recurrieron ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde se toparon con la primera resolución en contra: la fianza no fue "excesiva" ya que la magnitud de lo ocurrido fue "excepcional".
Ante la nueva cancelación de la fianza reclamada el pasado mes de abril, la Audiencia de A Coruña rechaza la petición al entender que el depósito no se impuso en base a criterios "arbitrarios, ilógicos y contrarios a la Constitución".
Daños
El tribunal coruñés prevé hacer pública después del verano la resolución sobre la ejecución de la sentencia del Supremo en la que cuantificará los daños ocasionados por el hundimiento del Prestige. En la sentencia dictada el año pasado, el Supremo declaró a la aseguradora del petrolero London P&I Club, responsable civil directa de los daños provocados por la marea negra.
La Fiscalía había reclamado durante el juicio casi 4.400 millones de euros por los daños causados por el vertido. De la cantidad que demanda el Ministerio fiscal, unos 2.433 millones corresponden a Galicia. Sin embargo, el límite de la póliza suscrita por la armadora tiene una cobertura de tan solo mil millones de dólares. Una cantidad a la que habría que sumar los 22,7 millones de fianza que depositó la aseguradora en el año 2002 en el juzgado de Corcubión, donde se instruyó la causa.
