El acoso a la secretaria municipal y la prevaricación para forzar su destitución ha costado dos condenas al alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada -que se dio de baja en el PP el año pasado por causa del proceso-, y a su predecesor en el cargo, Fernando Pensado. La Audiencia de Lugo los condena por un delito de prevaricación a 9 y 8 años de inhabilitación para cargo público, respectivamente, y a 15 meses de cárcel por otro de acoso. No son los únicos condenados, pues el tribunal lucense entiende que también la hostigaron tres empleados más del municipio -con penas de 12, 9 y 6 meses de prisión- y que también prevaricaron cuatro ediles del PP al apoyar una maniobra legal para expulsar del consistorio a la víctima a sabiendas de que vulneraban la legislación. Tres de ellos se mantienen en el Concello.
El regidor, que estudiará las posibilidades de recurrir la sentencia, calificó la condena de "completamente desmesurada". "No esperábamos esta sentencia", indicó el alcalde antes de matizar que no se producirán cambios en el Concello hasta que el fallo sea firme.
El conflicto comenzó en diciembre de 2007, cuando María Celia G. V. tomó posesión de su puesto como secretaria-interventora del Concello de Palas. Allí se topó con que el alcalde, entonces Fernando Pensado, y varios trabajadores no respetaban sus atribuciones y que sus funciones estaban a cargo de un administrativo, Carlos Ouro, también condenado. La intensidad de las fricciones aumentó paulatinamente hasta que en febrero de 2010 la trabajadora entró en una situación de depresión, según recoge la sentencia firmada ayer mismo y que establece una indemnización para la víctima de 12.000 euros a pagar entre los condenados, quienes también asumirán las costas procesales.
Ouro y otros dos funcionarios se negaron a acatar las órdenes de la secretaria e incluso "realizaban una especie de inspección o fiscalización" de su trabajo "con el apoyo de los alcaldes Pensado, primero, y Taboada, después", según informa Efe. En 2011 cambió el bastón de mando en el Concello y la situación empeoró. Taboada amenazó con rebajarle el sueldo, según el fallo judicial, y la acusó de generar "un desprestigio" a sus hijos por sus actuaciones en una época en que la interventora "realizó múltiples reparos a las resoluciones de la alcaldía referidas a subvenciones, contrataciones o nóminas". En esa época, incluso se le cambió la cerradura del despacho y fue trasladada a otras dependencias alejadas del resto; "un grano más en el granero del acoso y hostigamiento a la secretaria", establece la sentencia. Además, la funcionaria que la ayudaba fue trasladada a una biblioteca cerrada al público.
En 2013 se produjo la decisión que ha provocado la condena por prevaricación no solo del alcalde y su antecesor, sino también de los ediles populares entonces José Ramón García, María Cristina Lodeiro (única que no repitió en la lista municipal en 2015), Amando Sande y María Aurora Vila. Todos votaron a favor de una resolución sobre el expediente a la víctima para destituirla en un pleno extraordinario con un solo punto en el orden del día "a sabiendas de la ilegalidad" del acuerdo.
La sentencia absuelve a la funcionaria Marta Penas y a Norberto Uzal, ex director xeral de Administración Local de la Xunta.
