Apenas unos minutos antes de las 20.40 horas del miércoles 24 de julio de 2013, hoy hace cuatro años, descarriló a escasos dos kilómetros de la estación de Santiago el tren Alvia 04155. Un total de 80 pasajeros fallecidos y otros 144 heridos.

Las víctimas y sus familiares no olvidan y hoy marchan de forma reivindicativa por las calles de la capital gallega para exigir justicia y responsabilidades políticas, por una tragedia ocurrida en vísperas del Día de Galicia y que creen podía haberse evitado.

El conocido como accidente de Angrois, por ser este el nombre del barrio donde ocurrió, ha dado un drástico giro tanto político como judicial en el último año accidente de Angrois. Desde el punto de vista político, el PSOE, contrario hasta ahora a que se constituyese una comisión de investigación en el Congreso, rectificó y ya ha formalizado una petición para que se investigue el siniestro.

Judicialmente, también hubo cambios, ya que el juez ha decidido imputar al entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, y el Gobierno europeo instó al Ministerio de Fomento a promover una nueva investigación "independiente" del accidente, informa Efe.

Fue en mayo del año pasado cuando la Audiencia de A Coruña ordenó al juzgado compostelano reabrir el caso, que el segundo juez instructor, con el apoyo de la Fiscalía, había cerrado con el maquinista como único imputado.

"Justicia y verdad" será la reivindicación de una movilización que víctimas y familiares afrontan con el ánimo renovado tras el cambio en la causa. La manifestación concluirá en la plaza del Obradoiro pero partirá de la estación de tren, una forma con la que los afectados quieren hacer visible la responsabilidad que según ellos tienen Renfe y Adif por la falta de sistemas de seguridad en el propio convoy y en la vía al no tener instalado el mecanismo de seguridad ERTMS, con el que el tren nunca habría llegado tan rápido a la curva de A Grandeira.

El jueves pasado, el pleno municipal de Santiago aprobó una moción del BNG que exigía la activación del citado sistema de seguridad en el tramo Ourense-Santiago y la constitución de una comisión de investigación. La propuesta salió adelante con el apoyo de Compostela Aberta, PSdeG y BNG y con la abstención del PP. Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dijo que de constituirse la comisión, la Xunta colaborará con lo que se le solicite, si bien criticó la utilización política del "dolor de las víctimas" por parte de diversos partidos y que haya formaciones que "en función de quién sea el secretario general cambia de opinión".