Fomento rechaza traspasar la AP-9 para frenar demandas similares de otras comunidades

De la Serna advierte de "cierto desmantelamiento de las infraestructuras del Estado" si otras autonomías imitan a Galicia - Feijóo pospone por "lealtad" la demanda ante la "tensiones territoriales"

01.08.2017 | 01:52
Feijóo, en primer término, con De la Serna a su izquierda y la Catedral de Santiago al fondo.

El riesgo de "desmantelamiento" de las infraestructuras estatales es el nuevo argumento que ayer presentó el Ministerio de Fomento para justificar su veto a la transferencia de AP-9 a Galicia, además del referéndum catalán y el coste de una operación que le costaría entre 554 y 4.570 millones de euros, según sus cifras. El portazo a la reclamación unánime del Parlamento gallego fue asumido por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que expuso su "lealtad" al Gobierno central en un momento de "tensión territorial". Mantiene su reclamación, pero esta queda aparcada e incluso solapada por la asunción por parte de Madrid de los 6,7 millones al año que Galicia pagaba por los peajes en la sombra de A Barcala y Rande.

El tercer encuentro del año entre Feijóo y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tenía por objeto la firma de la prórroga del Plan de Vivienda que deja en la comunidad 20 millones para rehabilitación, ayudas al alquiler y fondos para la regeneración urbana. Beneficiará a 3.000 familias y a cerca de 32.000 inmuebles, según De la Serna. Pero el encuentro también formaba parte del compromiso de que ambos pasarían revista a los proyectos de Fomento cada tres meses, acuerdo presentado tras la constatación de otro año de retraso en la llegada de la alta velocidad entre Galicia y Madrid. Estará en pruebas a finales de 2019.

Ambos dirigentes se felicitaron porque Fomento lograse desbloquear todos los tramos de la obra sin necesidad de rescindir contratos y adjudicarlos de nuevo, como sucedió en otras comunidades. Sin embargo, el foco estaba puesto en el nuevo portazo del Ejecutivo central a debatir la cesión de la AP-9.

En un primer momento, Fomento alegó que se trataba de una vía de interés general, algo que recordó ayer De la Serna, si bien ese aspecto no impidió que sí pasasen a manos autonómicas la A-8 en Euskadi (1999) y la A-17 y A-19 en Cataluña (1995). Después, unió el impacto económico por los acuerdos vigentes sobre las obras en la autopista, si bien la última proposición de ley aprobada en Galicia eliminó cualquier referencia al rescate de la infraestructura. Luego, el propio Feijóo añadió a la lista las "tensiones territoriales" con Cataluña.

De la Serna dio ayer un paso más y advirtió de las posibles consecuencias de un carrusel de cesiones competenciales de este tipo de vías. "Daría lugar a una batería de transferencias y a cierto desmantelamiento de las infraestructuras del Estado", alegó. Incluso justificó la negativa a que se debatiese la propuesta en las Cortes porque se trata de un asunto que ya había generado gran discusión política.

A su lado, Feijóo se resignó al veto, lo justificó, aparcó la demanda sine die y esgrimió la asunción de los peajes en la sombra por parte de Fomento como un logro histórico. "Soy consciente de los condicionantes en España desde el punto de vista territorial porque soy leal [al Gobierno de España]", expuso el titular de la Xunta frente a las "deslealtades" del Ejecutivo catalán, que mantiene su plan de convocar el referéndum pese a las advertencias del Gobierno central. No renuncia a su demanda de la AP-9, añadió, pero no es el momento de pulsos con Mariano Rajoy, que llegó a Moncloa en 2011.

Precisamente, Rajoy fue citado por De la Serna y Feijóo como responsable del acuerdo para que Fomento asuma los 6,7 millones de euros anuales que la Xunta aportaba por peajes en la sombra desde el bipartito. "Es una excepción", reconoció el segundo sobre un acuerdo que no esperaba que se firmase tan pronto. Cifró en 400 millones el ahorro para las arcas gallegas hasta el fin de la concesión en 2048 tras la ampliación de esta al máximo legal por parte del Gobierno de Aznar a comienzos de la década pasada. "Es la mejor noticia que puede conseguir un presidente autonómico", añadió. En su cálculo añadió los incrementos de tráfico previstos.

El acuerdo se tomó el viernes en el Consejo de Ministros y el sábado fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, donde se apuntó que Audasa, la concesionaria de la AP-9, logró un "enriquecimiento injusto" desde la firma del acuerdo para bonificar los peajes en 2006. ¿Cómo frenar esa situación? "Con el propio real decreto", respondió el ministro, que añadió que se analizará cómo se repercute en la cuenta de compensación con la empresa.

Fomento asume que será imposible cumplir con el plazo acordado entre Audasa y la constructora para finalizar las obras de ampliación de Rande. De la Serna aseguró ayer que los trabajos en el puente están ejecutados ya al 70%, pero que no se podrán rematar este mes, la última fecha pactada entre la concesionaria y la UTE que realiza el proyecto. "Evidentemente no estamos en condiciones de que se vaya a cumplir el plazo de agosto", explicó De la Serna, quien eludió sin embargo detallar cuándo culminarán las labores en el viaducto. El titular de Fomento se limitó a apuntar que su departamento trabaja para que el proyecto esté listo antes de que finalice este mismo año. "Estamos manejando el plazo de 2017", reiteró.

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