Un día después de que la Mesa del Congreso vetara el debate sobre la transferencia de la titularidad de la Autopista del Atlántico (AP-9) del Estado a la comunidad alegando los desvíos que provocaría en el presupuesto estatal, los grupos de la oposición en el Parlamento gallego trabajan ya en las fórmulas con las que pueden "defenderse" de lo que consideran una "bofetada" del Gobierno central. El BNG ha propuesto que el Parlamento gallego recurra la decisión ante el Tribunal Constitucional porque de no ser así -advirtió- será el propio Bloque el que interponga este recurso de inconstitucionalidad. De todas formas, entiende que la Xunta debería ser "la primera" en acudir a la Justicia ante este "nuevo desprecio" a la comunidad.
Desde el PSdeG, su portavoz parlamentario Xoaquín Fernández Leiceaga, destacó que su formación propondrá a los letrados de la Cámara autonómica que redacten un informe jurídico sobre las alternativas con las que pueden "defenderse" de este veto sin "poner la otra mejilla" como en su opinión hizo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. En la próxima junta de portavoces prevista para el martes Leiceaga llevará este asunto para analizar precisamente si existe "alguna vía legal" que permita impugnar la decisión del Gobierno central. "Espero que el PP no lo vete", señaló el portavoz socialista, al tiempo que pidió que todos los grupos sean "consecuentes" y hagan un "frente común" en defensa de la AP-9. En este sentido, prefiere retrasar las actuaciones "individuales" como la iniciativa del BNG de recurrir al Constitucional y, por el contrario, poner en marcha "una iniciativa conjunta con más enjundia política".
Por eso, avanzó que ya ha remitido una comunicación al resto de portavoces para convocarlos a una reunión la próxima semana en la que traten en conjunto los caminos a explorar frente a ese veto que, según explica, responde a una posición ideológica "centralista" y discriminatoria con Galicia.
En la misma línea se pronunció el portavoz de En Marea, Luís Villares, quien también apostó por "ir todos juntos sin ahondar en cuestiones de carácter particular". Sobre este asunto insistió en que su formación no hará "una política unilateral" y buscará los consensos con la mayor parte posible de las fuerzas de la Cámara autonómica. Aunque ante la posibilidad de que el Parlamento gallego decida interponer un recurso, añadió que le extraña que el PP se sume a ello. De todas formas, cree que la transferencia de la autopista es un paso "necesario pero insuficiente" y aboga también por "la recuperación de lo público" de esta vía porque su rescate sería "más beneficioso, menos costoso y con rentabilidad".
Villares calificó de "absolutamente inaceptable" esta decisión política que, en su opinión, demuestra que los populares gallegos "no tienen peso en la política española" para defender intereses que no son partidarios sino generales.
Para el secretario xeral del PP gallego, la oposición de su partido en Madrid a transferir la AP-9 a Galicia "no genera un conflicto interno" porque los diputados estatales defienden el interés general del Estado y los autonómicos -señaló- el de los gallegos. Considera que la labor de su partido ahora es tratar de "convencer" al Ejecutivo central con argumentos de que el traspaso supondría una "mejor gestión" y que, a diferencia de lo que sucede en Cataluña, esta petición unánime por parte de la Cámara autonómica no esconde "ninguna reivindicación nacionalista".
