El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, ha asegurado que hay una serie de "circunstancias o parámetros" que "inducen a pensar" que los incendios registrados en el pasado mes de octubre y que afectaron unas 49.000 hectáreas "tienen un cierto carácter intencional" y una "planificación" o "coordinación".
En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Suanzes ha explicado que este hecho es el que ha motivado la investigación de la Fiscalía Superior pero ha dejado claro que esta indagación resulta "totalmente distinta" de la de cada caso individualizado, que es "competencia exclusiva de los juzgados de instrucción".
Así, ha precisado que, en una primera fase, el Ministerio público determinará si "la mayoría de los supuestos son dolosos, intencionales o por imprudencia". Además, en una segunda, con los grupos especializados, se estudiará "si eso deriva de una planificación coordinada, concertada" que vaya "más allá de dos o tres personas".
En su intervención, Suanzes ha asegurado que la Fiscalía "nunca ha utilizado el nombre de una trama" y ha recordado que ya en 2006 "se investigó en profundidad y se llegó a la conclusión de que no había tramas organizadas, ni organizaciones". Con todo, explica que desde aquel trabajo "han transcurrido once años" y que entonces "no se llegase siquiera a un indicio de que hubiese grupos criminales detrás no quiere decir que no existan ahora".
Y es que, según ha indicado, hay "parámetros relacionados con los focos" (los lugares donde aparecieron, la simultaneidad, las zonas protegidas afectadas) que "hacen necesario un esfuerzo, un nuevo trabajo y un nuevo diagnóstico".
Además, preguntado al respecto, no cree que haya que cambiar el código penal, tal y como solicitó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para equiparar a incendiarios y terroristas porque "el delito de incendio está suficientemente castigado"
Las imprudencias van de los seis meses al año de cárcel pero, "cuando se pone en peligro la vida o la integridad de las personas", se elevan hasta una horquilla que va de los diez a los veinte años de prisión; "son penas considerables", ha indicado. Al respecto, ha apuntado que lo "difícil" es lograr identificar a las personas que realizan estos "actos criminales de forma dolosa, intencional".
