En todo procedimiento de subvenciones públicas siempre hay quien tira de picaresca o, directamente, busca el fraude para obtener ayudas sin tener derecho a ellas. Pero a veces se descubren las irregularidades. Como así ha sucedido con 139 beneficiarios de subvenciones europeas destinadas a política agrícola en la comunidad gallega.
La Comisión Europea tiene constancia de que al menos se registraron un total de 139 irregularidades en Galicia en la concesión de ayudas correspondientes al periodo de programación presupuestaria del periodo 2007-2013, según la información facilitada por el Gobierno central a la Unión Europea (UE).
Y para 76 de los expedientes se mantiene todavía abierto el procedimiento para intentar recuperar el dinero, que luego se volverá a gastar en objetivos semejantes.
En 56 de los casos las irregularidades se cometieron porque los beneficiarios no cumplieron los compromisos asumidos, objetivos que a su vez fueron la razón para el otorgamiento de las ayudas. En proceso de recuperación del dinero se encuentran 29 de estos casos, según los datos trasladados por el comisario europeo de Presupuestos y Recursos Humanos, Günther Oettinger, al eurodiputado socialista José Blanco.
En otros 28 expedientes la anomalía se encontró en las pruebas documentales exigidas, que no eran correctas o estaban falseadas. En fase de recuperación de fondos se encuentran 16 casos.
En relación a otros 21 beneficiarios, la Comisión Europea señala que se detectaron declaraciones "excesivas o ficticias" de productos, especies y tierras para así poder acceder a una mayor cantidad de fondos. En 14 casos se mantiene abierto el procedimiento para reintegrar el dinero.
Antes de 2010
El resto de las irregularidades no están tan detalladas y se califican como "otras" o "solicitudes de financiación incorrectas o incompletas". Eso sí, con respecto a periodos presupuestarios anteriores, desde el año 2010 los Estados miembros ya no tienen la obligación de informar a la Unión Europea sobre el seguimiento de las irregularidades financieras individuales de forma concreta. Basta con los datos generales y el estado en que se encuentran los expedientes, sin poder identificar a los responsables de las irregularidades, que tanto pueden ser agricultores autónomos como empresas u organismos con participación pública.
Lo que se mantiene es la obligación del Estado, en este caso España, de proceder a la recuperación del dinero, que podrá ser reutilizado de nuevo dentro del mismo programa operativo siempre que se cumplan determinados requisitos. Si los fondos corresponden a periodos presupuestarios cerrados, entonces se deben devolver a la UE.
