Hay juzgados donde la huelga que protagonizan los funcionarios se evidencia con toda su crudeza. Con oficinas en las que ni se enciende la luz. Verdaderos páramos, sin un solo trabajador más que los que fijan los servicios mínimos y donde, además, esos trámites urgentes de obligado cumplimiento se producen de forma excepcional. Un claro ejemplo son los tribunales de Primera Instancia. Pero en estas salas hay despachos en los que la actividad, aunque alterada por las circunstancias, prosigue. Son los de los magistrados y secretarios judiciales, que no están convocados al paro. Lo mismo ocurre con los fiscales. "Nosotros seguimos trabajando, sacamos casos y papel pendiente, pero sin los funcionarios la cadena se rompe y el sistema se resiente", coinciden magistrados y fiscales. "En Instrucción tenemos servicios mínimos más amplios", explica una magistrada. También declaran casos complejos, resuelven sobre buscas y capturas... Pero ¿qué pasa con la materia no urgente? "Tenía pendientes resoluciones de recursos de reforma, providencias, autos de transformación en procedimiento abreviado...; los he redactado, pero no hay funcionarios y no se pueden notificar...", señala .
En las salas de Primera Instancia o de lo Contencioso casi no hay materia urgente. "Saco el trabajo pendiente, redacto sentencias, autos...; pero desde que arrancó el paro no me llegó ni un solo asunto nuevo ni tampoco pude celebrar juicios...", relata un juez de lo Civil. "Nos ponemos al día con lo atrasado", coincide otra magistrada, que avisa de que, cuando acabe el paro y haya que ponerse al día, el "sobreesfuerzo" afectará "a todos". "No solo a los funcionarios, a todos los profesionales que formamos parte del sistema, de esta cadena", concluye.
El conflicto afecta también a los condenados a realizar trabajos en beneficio de la comunidad que pueden cumplir su pena como figurantes en ruedas de reconocimiento. Deben ir a diario a firmar a la oficina judicial y estar disponibles si se necesita su colaboración. Pero este plan también se ve afectado por la huelga. Los condenados, en los días laborables, se encuentran con que no hay ningún funcionario que recoja su firma, lo que demoraría el cumplimiento de su pena.
