El Ministerio de Medio Ambiente se ha mostrado muy estricto en el proceso extraordinario abierto para regularizar aquellos núcleos de origen marinero afectados por la Ley de Costas y que, por esta condición, están sujetos a una restrictiva disciplina urbanística que no depende de los ayuntamientos. Los concellos gallegos presentaron propuestas para legalizar 218 poblaciones asentadas a pie de mar, pero el Gobierno central solo informó favorablemente de 19. El resto de las solicitudes, nada menos que 199 -el 91,3% del total-, fueron denegadas, por lo que estos núcleos seguirán sometidos a unas condiciones de ordenación muy severas que bloquean no ya su desarrollo, sino que impiden nuevas construcciones y la ampliación de las existentes y limitan las obras de reforma a lo mínimo imprescindible para garantizar que sigan en pie.
El motivo es que Medio Ambiente, al denegar su regularización, considera que estas construcciones están levantadas en la zona de servidumbre de protección, que es competencia de Costas, y que se rigen por una norma específica para preservar la franja de terreno más próxima al mar.
Casi medio centenar de ayuntamientos intentaron, tras la última reforma de la Ley de Costas, regularizar 218 de estas localidades: 118 de ellas ubicadas en la provincia de A Coruña; 87 en la de Pontevedra, y 13 en la de Lugo. Pero la criba ha sido contundente. Resueltos todos los expedientes, el Ministerio de Ambiente ha vetado la legalización de 199 de ellos, permitiendo solo que 19 pasen a incorporarse a la disciplina urbanística municipal.
De las 199 propuestas rechazadas, en 30 casos fue porque los ayuntamientos no presentaron la documentación adicional requerida por el ministerio, en otros seis porque los trámites se cursaron fuera de plazo y el resto, "por no cumplir los requisitos de la normativa de Costas", según explica Medio Ambiente.
Todos estos núcleos están levantados en la zona de servidumbre de protección, que es una franja de terreno de 100 metros de ancho a contar desde la línea de playa. Y el problema, heredado aún hoy, es que cuando se aprobó la Ley de Costas (en 1988), los respectivos ayuntamientos no documentaron que esas poblaciones ya existían desde antes.
Eso hizo que automáticamente quedaran dentro de la franja de protección y bajo competencia de la Demarcación de Costas del Estado y una normativa muy restrictiva. Así, no se pueden desarrollar ni realizar nuevas infraestructuras, además de quedar prohibidas nuevas edificaciones y las ampliaciones. Solo se admiten reformas básicas de mantenimiento y esto afecta al valor de la vivienda y dificulta las operaciones de compraventa.
En un intento para corregir esta situación, la reforma de la Ley de Costas de 2013 abrió una ventana para su regularización, dando a los concellos una nueva posibilidad para regularizar estas poblaciones de origen marinero. Los ayuntamientos tenían que identificar esos asentamientos y pedir que se rebajara de 100 a 20 metros la zona de servidumbre, para así quedar integrados en la disciplina municipal y permitir un desarrollo urbanístico ordinario.
En el caso de Suevos, en Arteixo, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó rebajar la línea de protección del litoral de 100 a 20 metros en el entorno del polígono industrial.
Al final, fueron 45 los municipios -20 de A Coruña, otros 20 de Pontevedra y 5 de Lugo- que se acogieron al proceso para intentar legalizar 218 núcleos marineros, de los que solo lo lograron 19.
De estos últimos, cinco pertenecen al concello coruñés de Muros: A Bornale-O Cruceiro, Surribos, A Viña, A Robaleira y Valdexería.
Y otros nueve, a la provincia de Pontevedra, Aguete Sur, Loira, Teoira y Casás en Marín, Rocamar (Baiona), As Eiras (O Rosal), Castro (Gondomar) y A Golada y Prado Patos (Nigrán). Otros .
El Ministerio de Medio Ambiente no ha facilitado los nombres de todos los núcleos que han superado la tramitación, así como tampoco la relación de los nombres de los otros 199 que no la aprobaron.
