14 de abril de 2018
14.04.2018

La juez Lamela afea a De Lara la demora de dos años en mandarle el 'caso Aquagest'

La magistrada de la Audiencia Nacional dice que la de Lugo continuó con la instrucción de forma ilegítima y que ahora decidirá el Tribunal Supremo

14.04.2018 | 03:13

El Tribunal Supremo tiene ahora la patata caliente de decidir qué hace con el caso Aquagest, que afecta a siete ayuntamientos asturianos y mantiene como investigados a un buen número de políticos de la comunidad, sobre todo del PP, como el exalcalde de Oviedo Agustín Iglesias Caunedo o el expresidente popular de Avilés, Joaquín Aréstegui, aunque también hay algunos socialistas implicados. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, rechazó hacerse cargo del sumario en un duro auto que afea a la instructora del caso desde 2011, la titular del Juzgado número 1 de Lugo, Pilar de Lara, la tardanza de dos años y medio en entregarle los tomos de la causa desde que el 28 de julio de 2015 se inhibiese en la Audiencia Nacional. Lamela critica que el sumario no se le entregase hasta el 23 de enero de este año y que De Lara continuase instruyendo de forma ilegítima el caso, que ha crecido hasta la friolera de 40 tomos. Pero es además, duda de la instrucción y de que sea la Audiencia Nacional la que deba hacerse cargo del mismo.

Según el auto de Lamela, es necesario "determinar si resulta aquí aplicable lo señalado por el Tribunal Supremo en relación con las inhibiciones tardías, ya que han sido innumerables las medidas de investigación llevadas a cabo desde el inicio de la investigación en el año 2011". Pilar de Lara, en opinión de la magistrada de la Audiencia Nacional, ha seguido instruyendo a pesar no tener competencia para ello. "Pese a esta circunstancia, se ha continuado por el Juzgado Instructor conociendo de la totalidad de las actuaciones, hasta el mes de enero del presente año 2018", añade el auto.

Y critica el crecimiento sin control de la causa. "Pese al dictado del auto de fecha de 28 de julio de 2015 por el que se acuerda la inhibición, sin que tampoco se exprese ni argumente cuál es el motivo para persistir durante más de seis años en esa actuación, y para remitir el testimonio de las actuaciones dos años y medio después del dictado de inhibición, con una adición de 35 tomos más, hasta un total de 40 en los cuales se han documentado las actuaciones", se queja Lamela en su auto.

Lamela apela a dos sentencias del Supremo para ilustrar lo que considera que ha estado haciendo su compañera: "Se ha mantenido la competencia durante un tiempo prolongado y se han adoptado importantes injerencias sin que existan motivos que justifiquen la resolución de inhibición, como ha ocurrido en el caso que nos ocupa".

Pero es que Lamela pone en duda la efectividad de la investigación llevada a cabo por De Lara. "Parece difícil que puedan aparecer en este momento mas perjudicados después de más de seis años desde que se iniciara la causa de la que deriva la siguiente pieza", censura. Lamela pone el dedo en la llaga de que De Lara no ha cuantificado el beneficio que Aquagest pudo obtener con sus enjuagues en los ayuntamientos. "El juez que pretende la inhibición reconoce que aún no están cualificados los beneficios ilícitamente obtenidos y perjuicios ocasionados, por lo que difícilmente pude afirmarse que ello suponga una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o la economía nacional", razona Lamela, que duda incluso que el caso deba pasar a la jurisdicción de la Audiencia Nacional.

Y es que solo uno de los doce delitos que cita la juez De Lara en el auto de inhibición, el de fraude a las Administraciones Públicas, podría entrar dentro de su ámbito. El resto, desde cohecho a falsedad en documento mercantil, pasando por tráfico de influencias, uso de información privilegiada, prevaricación, falsificación, blanqueo de capitales y asociación ilícita, entrarían en el ámbito de las audiencias provinciales y los juzgados de lo penal.

Al mismo tiempo, la Audiencia Provincial de Lugo indaga los motivos por los que la jueza De Lara no se inhibió efectivamente de la causa ya en julio de 2015 y continuó realizando diligencias.

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