Las dificultades al otro lado del Atlántico se dejan sentir en su otra orilla, la gallega. La Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Galicia (Apejuveg), conformada en su mayoría por retornados originarios de la comunidad, denuncia que muchos jubilados llevan sin cobrar su pensión de Venezuela desde finales de 2015. En la vía judicial, explica su portavoz, María Fernanda Ruiz Martín, obtienen lo que les niega el Estado español por tener "una pensión reconocida en el papel pero que no se cobra y, aunque se cobre no llega a diez euros porque la moneda de Venezuela ha perdido todo valor". Pero esa vía judicial, en la que unas 200 sentencias en Galicia -calcula- les dan la razón, se topa ahora con los efectos del paro en la Justicia. Así, según Ruiz Martín, desde el pasado mes de febrero, cuando comenzaron las movilizaciones de los trabajadores de Justicia, se suspendieron decenas de juicios que tenían fecha. No fueron atendidos, enfatiza, salvo algún caso puntual, "a pesar de que es una urgencia porque son personas mayores y no cobran nada". Hay personas, añade, que "perdieron dos veces la fecha del juicio" y a los últimos se les ha puesto fecha para 2019. "Es una tragedia esperar un año más", señala.

Por un lado, proponen que el Gobierno central habilite una solución para el problema, para evitar que los pensionistas tengan que ir a los tribunales, aunque estos le estén dando la razón de que no se tenga en cuenta la pensión reconocida, sino la devengada. "Les pedimos a las autoridades que intervengan y que España termine por aceptar que hay un impago de Venezuela y proteja al colectivo", añade.

Por otro, creen que la Administración autonómica, con cuyo titular, Alberto Núñez Feijóo, piden una reunión, puede "interceder" ante el Ejecutivo central y disponer apoyos propios, como dicen que hace Canarias con sus retornados. "La comunidad podría ofrecer alguna ayuda de emergencia social, porque están a punto muchos de desahucio, otros de que les corten la luz... No tienen ninguna salida", explica.

En lo que respecta a la huelga en la Justicia demandan que en los servicios mínimos se atienda a estos mayores y que, en todo caso, cuando la situación "vuelva a la normalidad", que se les dé "prioridad" en los juzgados. "No tienen tiempo. No pueden esperar un año más", enfatiza la portavoz de los jubilados, quien insiste: "Es una situación extrema".