Diez meses. Es el periodo de gracia que dio la Xunta a los propietarios de pisos turísticos para darse de alta en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia. Esta Semana Santa, el Ejecutivo autonómico puso en marcha su plan de inspección turística, tanto en los alojamientos como a través de interne, para hacer aflorar pisos turísticos que aún no están regulados y así detectar posibles situaciones de intrusión. Por el momento, esos controles no derivaron en sanción alguna, según confirmaron ayer desde Aviturga.
En el régimen de infracciones y sanciones del decreto autonómico se fija una multa mínima de 901 euros para quienes alquilen las viviendas sin haber presentado ante la Administración la correspondiente declaración responsable. En caso de reincidir en esta práctica, sin comunicar a la Xunta el ejercicio de la actividad, la multa puede llegar en su supuesto máximo a los 9.000 euros.
Por otra parte, el próximo mes de julio entra en vigor el decreto de Hacienda por el que se obliga a las plataformas online a informar sobre los arrendamientos vacacionales, con datos sobre la identidad del propietario y los inquilinos, la dirección del inmueble, el número de días de disfrute del piso, los ingresos o el número de contrato, entre otros.
