Nuevo plan acuícola para Galicia. La Xunta ha iniciado el proceso para desbloquear el Plan de Acuicultura heredado del bipartito y darle su propia impronta. La principal novedad es que se autoriza de nuevo la piscifactoría que Pescanova tenía proyectada en Touriñán (Muxía), además de dar el visto bueno a la construcción o ampliación de otras 21 plantas previstas en el litoral gallego. Con respecto al anterior modelo, de la lista de enclaves se caen cuatro proyectos, pero se suman dos nuevos, uno en Lires (Cee) y el de Touriñán.

La planta de Pescanova fue precisamente la que más polémica levantó en la pasada legislatura porque por discrepancias con el Ejecutivo de Touriño se llevó una inversión de 140 millones de euros a Portugal. La piscifactoría de Touriñán contaba con el visto bueno en el plan aprobado por el Gobierno de Fraga en funciones en 2005, pero con el cambio en la Xunta el bipartito le denegó la autorización, argumentando el tremendo impacto ambiental que causaba en la zona y que además invadía espacios protegidos de la Red Natura

A raíz de la negativa de este proyecto hubo varios contactos entre Pescanova y el bipartito para buscar terrenos alternativos, pero las conversaciones no prosperaron y la empresa finalmente eligió la localidad portuguesa de Mira para levantar la mayor planta de cría de rodaballo del mundo, con una inversión de 140 millones de euros, que fue inaugurada el pasado mes de junio. Por el camino la multinacional denunció al bipartito por los perjuicios causados.

Pescanova confirmó ayer que mantiene su "interés" en impulsar la planta de Touriñán y que por tanto la iniciativa "sigue abierta y en estudio". Fuentes de la empresa matizaron que ahora que el Gobierno gallego ha dado el visto bueno al proyecto se deben analizar otros factores, como la evolución del mercado y el nuevo marco normativo de los fondos de la UE destinados a la pesca.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, fue ayer muy sucinto en la explicación dada sobre la autorización de nuevo de la planta de Pescanova en Touriñán. A su juicio no causa ningún impacto ambiental porque superó, antes de la llegada del bipartito, las declaraciones de impacto ambiental tanto de la Xunta como del Gobierno central. Por ello, concluyó, la denegación del proyecto fue una "decisión política".

El caso es que Pescanova mantiene un litigio con la Xunta por la anulación del proyecto de Touriñán y ya hay una sentencia, como ayer recordó Feijóo, que amenaza al Gobierno gallego con tener que indemnizar a la empresa con 30 millones de euros, por lo que se seguirán con los recursos.

Con respecto al plan heredado del bipartito, de la lista de 24 proyectos quedan descartados cuatro: Laxe Brava (Ribeira), Merexo (Muxía), Seiruga (Malpica) y Xandriña (Camariñas). La razón es que causaban impacto tanto a viviendas como a la población y a la actividad diaria de los habitantes. Pero se suman otros dos nuevos, con lo que al final la nueva Xunta ha autorizado un total de 22 proyectos -doce de nueva construcción y el resto de ampliación de instalaciones ya existentes-.

Según avanzó Feijóo, en su conjunto supondrá una inversión de 350 millones de euros y la creación de 1.500 puestos de trabajo entre directos e indirectos. No obstante, falta por saber cuántas de las empresas interesadas en levantar piscifactorías y que en su día demandaron los enclaves en el litoral estarían ahora dispuestas a lanzarse a una inversión millonaria en la actual situación de crisis económica. Para animarlas a desarrollar sus proyectos, Feijóo aseguró se van a desbloquear 140 millones de euros procedentes de la UE que el bipartito tenían paralizarlos sin darles salida.

Otra de las novedades avanzadas por Feijóo es que se modifica el sistema de acceso a la propiedad en los enclaves elegidos para instalar una piscifactoría. La Xunta actual entiende que no se debe mantener el régimen de concesión administrativa, por lo que ha iniciado una reforma que permita a la empresa comprar los terrenos directamente a los propietarios y, al mismo tiempo, activar el sistema de expropiación forzosa.

El gerente de la Asociación de Productores de Rodaballo de Galicia (Aroga), Fernando Otero Lourido, manifestó que entre las empresas del sector predomina el "desánimo" hacia las nuevas inversiones en esta comunidad, aunque al mismo tiempo también persiste la "expectación" frente a las posibilidades que se abran. Con los cambios, añadió, son "varias" las empresas que "ahora" se "replantearán" irse a producir a Portugal.

Los dos partidos de la oposición cargaron ayer con dureza contra los cambios introducidos en el Plan de Acuicultura, tanto por autorizar la planta de Touriñán como por cambiar el régimen de concesión administrativa. El secretario xeral del PSdeG-PSOE, Manuel Vázquez, consideró que la decisión "favorece la especulación" en los terrenos donde se puedan implantar factorías acuícolas, porque antes era el Gobierno quien compraba el terreno. El portavoz parlamentario del BNG en Pesca, Bieito Lobeira, manifestó la "rotunda oposición" de su fuerza política y reclamó la movilización social para frenar lo que califica como una "agresión".